¡BOMBAZO! Querella contra el Consejo de Ministros por el rescate millonario de Plus Ultra
¡BOMBAZO JUDICIAL! El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez se enfrenta a una querella criminal sin precedentes ante el Tribunal Supremo. El partido político Iustitia Europa ha lanzado este jueves una ofensiva legal que apunta directamente al corazón del Gobierno por el controvertido rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. Una decisión que costó 53 millones de euros a las arcas públicas y que ahora podría sentar a los ministros en el banquillo.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en Moncloa. Iustitia Europa, conocida por ejercer de acusación popular en casos de corrupción que cercan al Ejecutivo de Sánchez, no ha dudado en llevar a todo el órgano colegiado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su objetivo es claro: depurar responsabilidades por una operación que desde el principio ha estado bajo la lupa de la sospecha.
El rescate de Plus Ultra: 53 millones bajo la lupa
El origen de este nuevo terremoto judicial se remonta al 9 de marzo de 2021. En plena pandemia, el Consejo de Ministros daba luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Una ayuda millonaria para una aerolínea con una cuota de mercado ínfima y vínculos polémicos, que ya entonces generó un escándalo mayúsculo y críticas feroces de la oposición.
Ahora, Iustitia Europa sostiene que aquella concesión no fue una simple decisión política, sino una “resolución administrativa arbitraria o condicionada por influencias”. Para el partido, se trató de una instrumentalización flagrante de la crisis sanitaria para beneficiar a terceros, utilizando fondos públicos en un momento de extrema necesidad para los españoles.
La clave: El auto del juez Calama y el tráfico de influencias
La querella se ancla en indicios demoledores, extraídos del auto dictado el pasado 18 de mayo de 2026 por el magistrado José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional. Este documento judicial, que ya ha provocado la imputación del ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, es la base de la acusación.
Según Calama, existía una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad era la "obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". El auto señala directamente a Zapatero por supuestas presiones en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que se aprobara el rescate.
Iustitia Europa subraya que la imputación del expresidente socialista por liderar una supuesta "organización criminal" es la prueba de que el rescate de Plus Ultra no fue una casualidad. La querella no busca imputar a Sánchez directamente por estos hechos, sino al Consejo de Ministros por haber aprobado una operación que, a la luz de los indicios, podría estar viciada desde su origen.
Responsabilidad ministerial: ¿Torcimiento del derecho o ceguera deliberada?
La formación articula su acción legal basándose en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la "responsabilidad penal individualizada en el seno de un órgano colegiado". Es decir, aunque la decisión fue conjunta, cada ministro podría tener su parte de responsabilidad si hubo "torcimiento del derecho" o "ceguera deliberada" ante las irregularidades.
Este argumento es clave: la querella defiende que el acuerdo del Consejo de Ministros no fue un acto político discrecional, inmune al control judicial, sino una resolución administrativa que debía cumplir con estrictos presupuestos legales. Si esos presupuestos fueron ignorados o manipulados bajo influencias, la responsabilidad penal individual de los miembros del órgano colegiado podría activarse.
La disposición de 53 millones de euros en un contexto de crisis sanitaria y económica, sin la debida justificación y con indicios de tráfico de influencias, convierte la querella en una auténtica bomba para el Gobierno. La Justicia deberá determinar si los ministros actuaron con la diligencia debida o si, por el contrario, hubo una connivencia o una omisión culpable.
Implicaciones para el Gobierno: Tensión y credibilidad en jaque
La admisión a trámite de esta querella por parte del Tribunal Supremo abriría un escenario inédito y de máxima tensión para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un proceso que podría obligar a comparecer a los ministros implicados en aquella decisión, poniendo en jaque la estabilidad y la credibilidad de Moncloa en un momento político ya de por sí convulso.
La sombra de la corrupción y el tráfico de influencias se cierne de nuevo sobre el Gobierno, esta vez con una acusación directa a la cúpula del Ejecutivo. La querella de Iustitia Europa no es solo un golpe judicial; es un aviso a navegantes que eleva la presión sobre el Consejo de Ministros y promete una batalla legal de consecuencias imprevisibles. El caso Plus Ultra vuelve a la primera línea, y esta vez, con el Gobierno entero en el punto de mira.
