Asociación de Fiscales lleva a España ante el TEDH por nombramientos en la Fiscalía
La Asociación de Fiscales (AF), colectivo mayoritario dentro de la carrera fiscal en España, ha presentado una demanda sin precedentes contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La acción judicial cuestiona la política de nombramientos de altos cargos en la Fiscalía General del Estado. La AF considera que este procedimiento prima la discrecionalidad y la afinidad ideológica sobre el mérito y la capacidad.
El detonante de esta denuncia internacional son dos sentencias recientes del Tribunal Constitucional (TC). Estas resoluciones ampararon el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala coordinador de Menores. Dicho nombramiento había sido previamente anulado por el Tribunal Supremo, que consideró que otro candidato acreditaba una mayor especialización. Sin embargo, el Constitucional revocó las sentencias del Supremo, argumentando una vulneración del derecho fundamental de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad (artículo 23.2 de la Constitución).
El Constitucional avala la discrecionalidad, según la AF
La Asociación de Fiscales considera que estas resoluciones del TC tienen un importante efecto institucional. Las sentencias, a su juicio, refuerzan la discrecionalidad del fiscal general del Estado en la designación de los puestos clave de la Fiscalía. Validarían, además, el criterio seguido hasta ahora. Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha manifestado públicamente su preocupación. Indica que estas sentencias "abren la puerta a que la afinidad ideológica pese más que el mérito".
La demanda de la asociación de fiscales en Europa
La denuncia interpuesta ante la Justicia europea por la asociación de fiscales se basa en la argumentación de que el Tribunal Constitucional ha aceptado la motivación presentada por Esteban. Ha restado importancia a la necesidad de acreditar méritos específicos. La AF denuncia una "clara vulneración" del artículo 14 de la Constitución. Sostienen que se consagra una "libertad prácticamente absoluta" en la elección de candidatos para cargos fiscales. Esto desplaza los principios de mérito y capacidad en favor de la discrecionalidad del poder ejecutivo, según la perspectiva del colectivo demandante.
La asociación de fiscales subraya la profunda división existente en la carrera fiscal respecto a los criterios de acceso a las altas responsabilidades. La demanda ante el TEDH busca una revisión de la interpretación que el TC ha hecho de la normativa y de los derechos fundamentales en juego. Pone el foco en la transparencia y la objetividad de los procesos de nombramiento en una institución tan crucial como la Fiscalía General del Estado. La resolución de este caso en Estrasburgo podría tener importantes implicaciones para el sistema judicial español.
El colectivo señala el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban, que fue anulado por el Tribunal Supremo. El Constitucional estimó los dos recursos presentados por Esteban contra las sentencias del Supremo, que quedaron anuladas. El TC aceptó la motivación realizada por Esteban y desdeñó la necesidad de méritos, imponiendo la discrecionalidad a la hora de decidir entre los candidatos. La AF advierte también de que el procedimiento seguido ante el TC contraviene el derecho reconocido en el artículo 6. Se dictaron resoluciones decisivas por un magistrado cuya imparcialidad se veía comprometida por la concurrencia de una relación jerárquica previa con quienes participaban activamente en el proceso.
