ERC Lleida planta cara: Rechaza a Craviotto como pregonero por sus ‘ataques’ a Cataluña
La sección local de Esquerra Republicana en Lleida ha dado un portazo a la elección de Saúl Craviotto como pregonero de la Fiesta Mayor de la ciudad. El medallista olímpico y policía nacional se ha topado con un muro de críticas por sus pasadas declaraciones contra el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su apoyo al artículo 155 de la Constitución. Un rechazo que ERC Lleida ha hecho público este jueves, sumándose a las 23 entidades de la ciudad que ya habían manifestado su descontento.
El piragüista, con seis medallas olímpicas a sus espaldas, tenía previsto pronunciar su pregón este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Sin embargo, la ejecutiva republicana en Lleida ha acordado no asistir al acto institucional. Argumentan que su presencia en un evento de tal magnitud podría interpretarse como una validación de una decisión que califican de "firmemente" rechazada.
Craviotto, en el ojo del huracán
Las 23 entidades, en un comunicado conjunto emitido el miércoles, señalaron la carga simbólica del pregón. Recordaron las declaraciones de Craviotto que, a su juicio, atentan contra el autogobierno catalán. Hicieron hincapié en su vinculación con la Policía Nacional y su posicionamiento público de apoyo a la actuación policial del 1 de octubre de 2017, expresado en redes sociales y posteriormente eliminado. "Una parte significativa de la ciudadanía no nos sentimos representada por esta elección y nos sentimos menospreciados", afirmaron.
ERC Lleida comparte esta visión. Reconociendo los méritos deportivos de Craviotto, la formación política considera que su elección como figura representativa de las fiestas de Lleida genera una fractura social inaceptable. La decisión del alcalde, Fèlix Larrosa, de mantener a Craviotto como pregonero, a pesar de las críticas, ha avivado el debate en la ciudad.
ERC y sus múltiples frentes políticos
Este episodio en Lleida se suma a una semana intensa para Esquerra Republicana de Catalunya. El partido se encuentra inmerso en diversas polémicas y negociaciones a nivel autonómico y nacional. Las Juventudes Republicanas, por ejemplo, han convocado un Consejo Nacional de urgencia. El objetivo es debatir el sentido del voto de su diputada en la votación de los presupuestos de la Generalitat, un acuerdo clave que podría descarrilar si no se asegura la mayoría absoluta.
Además, la tensión entre ERC y Junts per Catalunya sigue latente tras el reciente enfrentamiento en el Congreso de los Diputados. La negativa de Junts a apoyar el decreto de vivienda de Sumar y el consorcio de inversiones pactado por ERC con el PSC ha derivado en cruces de acusaciones. Algunos de estos roces han traspasado la línea de lo político para rozar lo personal, especialmente tras las declaraciones del portavoz republicano Gabriel Rufián.
Otro frente abierto se sitúa en el Parlament de Catalunya. El episodio protagonizado por el diputado de Vox Alberto Tarradas, quien amenazó con deportar a la parlamentaria de ERC Najat Driouech, sigue trayendo cola. Un informe de los letrados de la Cámara catalana ha confirmado que existía base legal para expulsar a Tarradas en el momento de sus declaraciones, consideradas ofensivas y discriminatorias.
La controversia en Lleida sobre la elección de Craviotto pone de manifiesto las profundas divisiones que persisten en Cataluña. Evidencia la compleja estrategia política de ERC, que debe navegar entre sus bases, los pactos parlamentarios y la defensa de sus postulados soberanistas. Lo hace frente a un Estado que, en ocasiones, percibe como hostil.
Los letrados acreditan que se podía expulsar del Parlament a Tarradas (Vox) por amenazar con deportar a Driouech (ERC).
El episodio protagonizado hace unas semanas en el Parlament por el diputado de Vox Alberto Tarradas, cuando amenazó con deportar a la parlamentaria de ERC Najat Driouech, sigue trayendo cola.
La Mesa de la Cámara catalana pidió a los letrados un informe para analizar si el ataque tenía "recorrido judicial" por la vía penal, además de activar el procedimiento interno y elevar el caso a la comisión del estatuto del diputado.
Un primer borrador del documento apuntaba que había "poco margen" para llevar las declaraciones ante los tribunales. Sin embargo, el informe final, hecho público este martes, también sostiene que existía base legal para expulsar a Tarradas del Parlament en el momento en que pronunció esas palabras. Incluso, para acordar una "exclusión temporal de sus funciones".
