Pedraz investiga una trama del PSOE para tumbar causas judiciales
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, atendiendo a una orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El objetivo de esta intervención es la investigación de una presunta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al partido socialista y al Gobierno.
Este movimiento judicial se produce pocos días después de que saliera a la luz el sumario del caso Plus Ultra, que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La operación de la UCO, que ha generado un gran revuelo político, se enmarca dentro de una pieza secreta que el juez Pedraz abrió el pasado mes de diciembre.
Pedraz destapa una red para "atacar la correcta dirección de las investigaciones"
La investigación, que se inició en secreto el pasado diciembre bajo el nombre de 'caso Leire', ha sacado a la luz una supuesta trama financiada, presuntamente, con fondos del PSOE. El propósito de esta red sería "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra otros miembros del partido que pudieran verse perjudicados. El juez Pedraz considera que las acciones investigadas son de extrema gravedad, tanto por las posibles penas como por el elevado importe de las transacciones económicas.
Imputaciones clave: Cerdán, Zarrías y la gerente del partido
Como parte de esta operación, el juez Pedraz ha decidido imputar a varias figuras relevantes del partido. Entre los investigados se encuentran el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco. También figuran en la lista el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Ismael Oliver, además de Jacobo Teijelo Casanova y Juan Sánchez Yepes. La causa se dirige contra todos ellos por diversos delitos.
Requerimiento de documentación en Ferraz y registros
La actuación en Ferraz no se ha limitado a una entrada y registro general, sino que ha consistido en un requerimiento de documentación y archivos electrónicos. Los agentes de la UCO buscan información detallada en tres autos notificados a los representantes legales de las personas y entidades implicadas. Paralelamente, se han llevado a cabo registros en la vivienda de Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la de Gaspar Zarrías en Madrid y en la del empresario Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.
El papel de la gerente del PSOE en la trama
Ana María Fuentes Pacheco, nombrada gerente del PSOE el 19 de octubre de 2021, es una figura clave en la estructura del partido, controlando las cuentas desde su llegada. La investigación del juez Pedraz la señala como investigada por un posible delito de falsedad en documento mercantil, debido a la presunta "emisión de facturas mendaces". Fuentes llegó al partido de la mano de Santos Cerdán y formó parte de la dirección interina que se nombró tras la imputación del ex secretario de Organización.
Contexto: Pagos irregulares y operaciones de desprestigio
Las informaciones publicadas apuntan a que se investiga si el PSOE habría pagado por servicios de "fontanería" a través de la exmilitante Leire Díez para impedir el progreso de procedimientos judiciales. Estas operaciones habrían incluido el desprestigio de jueces, fiscales y de la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entre otros. El juez considera estas medidas proporcionadas dada la gravedad de la actividad presuntamente delictiva y el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación.
La UCO entra en Ferraz y requisa documentación sobre "una trama para desestabilizar" las causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno, incriminando a la gerente del partido. La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco del denominado caso Sepi, ha salpicado a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco. La política malagueña es señalada por el instructor por indicios de complicidad en la operación puesta en marcha presuntamente desde Ferraz para boicotear las investigaciones judiciales abiertas contra cargos del partido y del Gobierno de Pedro Sánchez.
