La Comisión de Venecia critica el modelo del CGPJ y el Gobierno nombra a una afín
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha comunicado el texto definitivo de su informe evaluando las dos propuestas de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El dictamen sentencia que el modelo propuesto por el Gobierno, donde el Parlamento interviene en la elección, "no cumple con los estándares europeos" y lo considera "vulnerable a la politización por parte del Parlamento". Este resultado representa un revés para el Ejecutivo, que defiende la continuidad del método actual, el cual permite al Parlamento elegir a los doce vocales de extracción judicial.
El informe critica las modificaciones para la preselección de candidatos, calificándolas de "insuficientes" al depender la decisión final de una "elección política" sin criterios claros ni justificación obligatoria. Por el contrario, la Comisión de Venecia avala el sistema alternativo que prevé la elección directa de los doce vocales por los propios jueces, calificándolo de "bienvenida" por cumplir con el "estándar europeo de elección entre pares", aunque advierte sobre el riesgo de "politización interna" por la influencia de asociaciones judiciales.
Los vocales del Partido Popular (PP) propusieron este examen internacional, pues históricamente estos organismos han recomendado la elección directa de los vocales judiciales por sus compañeros. El Gobierno, por su parte, argumenta que la jurisprudencia no establece un estándar para que los jueces elijan a los jueces, recordando un pacto de Estado de 2001. Sin embargo, el Ejecutivo ha movido ficha nombrando a Itziar Gómez como nueva representante española en la Comisión de Venecia para los próximos cuatro años, justo después de este informe crítico.
Itziar Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional, ha generado controversia por su designación. Fuentes cercanas al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), encargado de la propuesta, confirman la decisión. Esta acción se interpreta como un movimiento del Ejecutivo para asegurar la presencia de personas afines en organismos clave, incluso supranacionales, continuando un patrón de colocación en instituciones del Estado y empresas públicas.
La situación pone de manifiesto la tensión entre el Gobierno y las recomendaciones europeas sobre la independencia judicial. La designación de Gómez añade una nueva capa de polémica, mientras el informe de la Comisión de Venecia desafía abiertamente el modelo de elección del CGPJ que el Ejecutivo pretende mantener. El Ejecutivo ya había filtrado información "sesgada" sobre informes previos de la Comisión de Venecia, como ocurrió con el dictamen sobre la amnistía al procés, subrayando una estrategia de control narrativo frente a los análisis críticos de organismos internacionales.
