La Fiscalía recurre la condena del Supremo a García Ortiz y desafía al Constitucional
La Fiscalía General del Estado ha dado un golpe sobre la mesa y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la condena que el Tribunal Supremo impuso al ex fiscal general Álvaro García Ortiz. La sentencia, que incluía una inhabilitación y una multa, pone en jaque la continuidad del ex alto cargo y abre un nuevo frente judicial de alto voltaje que promete agitar la opinión pública y salpicar a la propia institución fiscal.
La Fiscalía se pone del lado de García Ortiz frente al Supremo
El Tribunal Supremo había condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. La sentencia implicaba una inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años y una multa de 7.200 euros. La condena se originó por la filtración de un correo electrónico que contenía la confesión de dos delitos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. La Fiscalía argumenta que esta resolución vulnera derechos fundamentales de García Ortiz, como la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con garantías. Cuestiona, además, la credibilidad otorgada a los periodistas y la base penal de la publicación de una nota de prensa.
El caso García Ortiz y las sombras de las 'cloacas de Ferraz'
La condena a García Ortiz se produce en un contexto especialmente sensible, marcado por las investigaciones sobre las llamadas 'cloacas de Ferraz'. Anticorrupción ha solicitado al juez Santiago Pedraz información detallada sobre las reuniones que Leire Díez, una figura vinculada al PSOE, habría mantenido en la sede de la Fiscalía General durante el mandato del propio García Ortiz. Los mensajes incautados a Díez sugieren que esta presumía de poder concertar encuentros en la sede fiscal, generando una profunda conmoción en la carrera fiscal ante la sospecha de una posible connivencia con tramas destinadas a encubrir la corrupción del PSOE.
En un giro sorprendente, el Gobierno de Pedro Sánchez negó al Congreso que tales reuniones hubieran tenido lugar, a pesar de las preguntas directas planteadas por el Grupo Popular. Esta negación contrasta con las informaciones que apuntan a la existencia de estas citas, añadiendo opacidad al caso.
¿Qué pasará ahora con Álvaro García Ortiz?
La decisión de la Fiscalía de recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional busca, en última instancia, anular la condena. El argumento central de este recurso se basa en la relevante repercusión social del caso y su potencial afectación a la libertad de información. La resolución del Constitucional será determinante para el futuro de Álvaro García Ortiz y las consecuencias legales y políticas derivadas de este proceso. El caso no solo salpica al ex fiscal general, sino que también arroja serias dudas sobre la transparencia y la integridad de la institución fiscal, especialmente ante su conexión con las supuestas 'cloacas' y las interrogantes sobre la legitimidad de las reuniones celebradas en su máxima instancia.
La petición de datos sobre las 'visitas' de Leire pone en alerta a la Fiscalía, aún abochornada por la condena a García Ortiz. Justicia Caso cloacas de Ferraz: Anticorrupción pide al juez que la Fiscalía General informe de las reuniones mantenidas en su sede con Leire Díez. Corrupción: El listado de la cloaca contra los jueces: Lesmes, Marchena o la mujer de Llarena. Cuando la carrera fiscal aún no se ha repuesto del shock vivido de ver a su máximo representante, en condición de fiscal general del Estado, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo hasta ser condenado, el sumario de las cloacas de Ferraz vuelve a sacudir la institución.
Y, de nuevo, Álvaro García Ortiz en el centro de las miradas después de que la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, se jactara en sus conversaciones privadas, incautadas por la Guardia Civil, de acudir a Fortuny y poder cerrar encuentros con el entonces fiscal general. Estos hechos han generado conmoción entre la inmensa mayoría de la carrera fiscal ante la idea de que la cúpula de Fortuny pudiera estar conchabada con una organización criminal cuyo objetivo era tapar la corrupción del PSOE, del Gobierno y de la familia del presidente del Ejecutivo.
Tal y como informó este medio el pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reclame a la Fiscalía General, que encabeza ahora Teresa Peramato, información de las reuniones que se habrían producido entre abril de 2024 y junio de 2025 en la sede de Fortuny con Díez, con el abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera, con el empresario imputado Javier Pérez Dolset y también con los letrados investigados en esta causa de corrupción, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
