García Ortiz, contra las cuerdas: Anticorrupción fuerza a la Fiscalía a desvelar sus reuniones con la ‘fontanera’ del PSOE
La Fiscalía Anticorrupción ha lanzado un órdago que sacude los cimientos de la Fiscalía General del Estado. En una maniobra que pone en una situación extremadamente delicada a la institución que dirige Álvaro García Ortiz, la unidad anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que requiera a la propia Fiscalía General información exhaustiva sobre las reuniones que mantuvieron en su sede con Leire Díez, apodada la 'fontanera' del PSOE y pieza central en el entramado de las presuntas 'cloacas' socialistas.
La Fiscalía, en el punto de mira judicial
Este requerimiento, al que ha tenido acceso este medio, se enmarca en la investigación del caso de las 'cloacas' del PSOE. Una trama que indaga la posible utilización de organismos del Estado para perjudicar a jueces, guardias civiles y periodistas incómodos para el partido. La petición de Anticorrupción no es un mero trámite; busca desentrañar el alcance de las conexiones de Díez con la cúpula fiscal en un momento especialmente sensible para la institución, aún intentando recuperarse del sonrojo provocado por la condena de su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo.
El hecho de que se investiguen reuniones en la propia sede de la Fiscalía General, bajo el mandato de García Ortiz, añade una capa de gravedad sin precedentes. La 'fontanera' del PSOE, según las conversaciones intervenidas, se habría jactado de mantener encuentros en la sede de Fortuny. Este detalle ha encendido todas las alarmas y ahora Anticorrupción exige respuestas: ¿Qué se trató en esos encuentros? ¿Quiénes estuvieron presentes? Las preguntas son incómodas y las respuestas, urgentes.
El Supremo ya lanzó una advertencia: "Abriré diligencias"
Este nuevo frente abierto en la Fiscalía General no es un hecho aislado. Se suma a la creciente presión judicial y política sobre el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, el Tribunal Supremo tuvo que intervenir de forma contundente para frenar un plan orquestado por la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Dicho plan pretendía limitar las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, fue tajante: "Si se hace, abriré diligencias contra quien lo ordenó". Fue una advertencia clara sobre los intentos de interferir en las investigaciones.
La sombra de la corrupción parece extenderse, y con ella, la sospecha sobre la utilización de resortes del Estado para fines partidistas. El caso Koldo García, con su pasaporte diplomático que le permitía transitar sin controles por paraísos fiscales, es solo la punta del iceberg de una red que, según los indicios, buscaba facilitar operaciones opacas a nivel internacional. La pregunta que flota en el aire es: ¿cuál era la justificación para que un ex portero de discoteca, devenido en hombre fuerte de Ábalos y Cerdán, dispusiera de tal privilegio?
El PSOE se parapeta en el 'lawfare'
Mientras los jueces desentierran tramas corruptas que afectan al corazón mismo del PSOE, el partido parece haber encontrado su refugio en la narrativa del 'lawfare'. Ya no son solo los socios más radicales de Pedro Sánchez quienes acusan a jueces y fiscales de "golpistas con toga". Ahora, la propia dirección socialista parece haberse contagiado de esta retórica. Deslegitiman las investigaciones judiciales y las presentan como una persecución política. Solo figuras como Emiliano García-Page se atreven a matizar esta línea argumental, aunque el discurso dominante en Ferraz es claro: "nos atacan porque investigamos".
Esta estrategia de defensa, sin embargo, se tambalea ante la acumulación de indicios y la inminencia de nuevas revelaciones. El sumario del "caso SEPI", a punto de salir a la luz tras levantarse el secreto de sumario, se perfila como el próximo gran desafío judicial para el Gobierno. La investigación sobre el presunto amaño de contratos millonarios y la implicación de miembros de las supuestas "cloacas" del partido promete ser un nuevo capítulo oscuro en la "primavera negra" que se cierne sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Moncloa, pillada mintiendo al Congreso
Las contradicciones son evidentes y cada vez más difíciles de sostener. El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a afirmar por escrito al Congreso de los Diputados, en respuesta a preguntas del Grupo Popular, que "no se ha producido ninguna de las reuniones" sobre las que se interesaban los diputados. Estas reuniones, supuestamente, habrían tenido lugar entre Leire Díez y Mercedes González, la entonces máxima responsable de la Guardia Civil en Madrid. Una negación frontal que ahora choca frontalmente con la investigación judicial y la petición de Anticorrupción a la Fiscalía General.
Desde que hace poco más de un año trascendió la existencia de una supuesta unidad de "cloacas" en el epicentro de Ferraz, destinada a "boicotear el trabajo de jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas" para "proteger los intereses" de Pedro Sánchez, la opacidad y las presuntas mentiras han marcado el paso. La petición de Anticorrupción de que la Fiscalía General informe sobre sus encuentros con Leire Díez es un paso más para arrojar luz sobre quiénes se beneficiaron de esta presunta trama y con qué complicidad institucional.
