Conde-Pumpido crea un grupo de trabajo para avalar al Gobierno de Sánchez sin Presupuestos
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha dado un paso inesperado al conformar un grupo de trabajo con un objetivo polémico: estudiar la manera de declarar constitucional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda seguir al frente del Ejecutivo sin necesidad de presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado. La decisión, que busca dar cobertura legal a una situación inédita, ha generado un terremoto institucional y aviva el debate sobre la salud democrática del país.
Un 'comodín' para Sánchez ante la falta de Presupuestos
La maniobra del máximo responsable del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, pretende ofrecer una vía de escape legal al Gobierno de Pedro Sánchez ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, vigentes desde 2023. Fuentes del alto tribunal confirman que este grupo de trabajo, integrado por letrados especializados en materia parlamentaria, analizará los doce choques institucionales planteados por el Senado contra el Ejecutivo y el Congreso. El objetivo es buscar argumentos jurídicos para sostener que la continuidad del Gobierno es viable sin la aprobación de unas nuevas cuentas públicas, un extremo que la Constitución Española, en su artículo 134.3, marca como una obligación presentar al menos tres meses antes de la expiración de las anteriores.
Las claves de la polémica decisión de Conde-Pumpido
Esta iniciativa de Conde-Pumpido se produce en un contexto de máxima tensión política y ante la avalancha de conflictos de atribuciones que han llegado al Constitucional, muchos de ellos impulsados por el Senado y el PP contra decisiones del Gobierno de Sánchez. De los catorce conflictos planteados hasta la fecha, siete enfrentan al Senado con el Ejecutivo, mientras que otros siete son entre el Senado y el Congreso. La conformación de este grupo de trabajo, con una clara mayoría de magistrados progresistas según algunas informaciones, no ha pasado desapercibida y ya ha sido objeto de críticas por parte de sectores conservadores y de la oposición, quienes ven en esta medida un intento de facilitar la gobernabilidad del actual Ejecutivo socialista a costa de principios constitucionales.
Justicia en el punto de mira: ¿Avalar a Sánchez?
El propio Conde-Pumpido ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de una justicia "eficaz, independiente e imparcial", valores que ahora se ven cuestionados por esta decisión. Mientras tanto, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha expresado su desconfianza hacia los tribunales españoles, sugiriendo que el Tribunal Constitucional, bajo la dirección de Conde-Pumpido, podría actuar según intereses políticos. La resolución sobre la amnistía, esperada para el 16 de julio, añade más leña al fuego, con la sombra de la politización planeando sobre las decisiones judiciales que afectan directamente al Gobierno.
Ocho años de 'sanchismo' y crisis institucional
La creación de este grupo de trabajo se produce además en un momento simbólico, cuando se cumplen ocho años de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia. Aquella jugada política abrió la puerta a un escenario de alianzas diversas y a un estilo de gobernar que, según las críticas, ha provocado una profunda quiebra institucional y una degradación democrática. La incapacidad o falta de voluntad para presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y la búsqueda de soluciones legales 'ad hoc' para mantener la estabilidad del Gobierno son, para muchos, la punta del iceberg de una estrategia de poder que pone en jaque los cimientos del sistema parlamentario español.
La decisión de Cándido Conde-Pumpido de crear este grupo de trabajo no solo busca resolver conflictos de atribuciones, sino que se percibe como un intento de blindar legalmente la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, incluso sin el respaldo de unas nuevas cuentas públicas. El debate sobre la constitucionalidad de esta maniobra y su impacto en la separación de poderes y la salud democrática de España está servido. Las próximas semanas serán cruciales para ver cómo se desarrollan estos acontecimientos.
El abogado de Puigdemont confía en que la justicia europea ratifique la amnistía el 16 de julio. Boye asegura que desconfía de los tribunales españoles: "El Tribunal Constitucional, de la mano de Cándido Conde Pumpido, hace lo que quiera". Gonzalo Boye, el abogado del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratifique en su sentencia el criterio del Abogado General del Tribunal, que avala la Ley.
