Begoña Gómez hipoteca un piso clave y se enfrenta a la justicia este lunes
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha hipotecado una de sus viviendas en Madrid para obtener un préstamo de 240.000 euros. El movimiento se produce justo antes de su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la ha citado para comunicar si la envía a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.
El préstamo millonario para hacer frente a la causa judicial
Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha tomado una decisión financiera significativa: hipotecar uno de sus pisos en Madrid. El pasado mes de abril, formalizó la operación para conseguir un préstamo bancario de 240.000 euros, utilizando la vivienda como aval. Esta maniobra, revelada por información registral, se produce en un momento crucial para la economista, quien se enfrenta a una citación judicial clave.
Citación judicial en Plaza Castilla
La agenda de Begoña Gómez incluye una cita ineludible este lunes a las 18:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. Allí, deberá comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar. El magistrado comunicará su decisión sobre si existen indicios suficientes para enviar a Gómez a juicio ante un jurado popular. Los presuntos delitos que se investigan son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, derivados de su actividad en la cátedra de la Universidad Complutense.
Otros investigados y medidas cautelares
En la misma audiencia, el juez Peinado también comunicará su decisión sobre otros dos investigados en la causa: su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Tras la comunicación sobre el envío a juicio, se celebrará una comparecencia para determinar posibles medidas cautelares. La acusación popular, ejercida por la asociación ultracatólica Hazte Oír, ha solicitado que se prohíba la salida del territorio nacional a los investigados, ante el riesgo de fuga que podría derivarse de la gravedad de las penas solicitadas.
El contexto de la investigación
La investigación judicial se centra en la supuesta intermediación de Begoña Gómez en la adjudicación de contratos públicos a empresas que habían colaborado con la fundación de la Universidad Complutense, donde ella dirigía un máster. El juez Peinado ha concluido la fase de instrucción, considerando que hay motivos suficientes para sentar a Gómez en el banquillo. El movimiento de hipotecar un inmueble para obtener liquidez podría estar relacionado con la necesidad de hacer frente a posibles gastos legales, como la contratación de abogados o la cobertura de responsabilidades civiles, en caso de una futura condena.
Reacciones y antecedentes
Esta situación judicial ha generado un intenso debate público y político. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompió su silencio en abril de 2026 ante la decisión de Peinado de procesar a su mujer, pidiendo a la Justicia que hiciera su labor y mostrando su confianza en que el tiempo pondría todo en su sitio. Mientras tanto, la Fiscalía y las defensas han solicitado el archivo de la causa, pero las acusaciones populares insisten en mantener la imputación y reclaman penas de prisión que podrían alcanzar los 24 años.
La jornada de hoy marcará un punto de inflexión en el caso Begoña Gómez, con la audiencia preliminar que determinará si la esposa del presidente del Gobierno se sienta finalmente en el banquillo de los acusados. La hipoteca de su vivienda añade una capa más de complejidad a una historia que sigue captando la atención mediática y política en España.
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, ordenó abrir una información reservada a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que estaban actuando como policía judicial para la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, instructora de las diligencias abiertas a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La causa contra David Sánchez por su colocación en un puesto de alta dirección de la Diputación de Badajoz se encuentra actualmente pendiente de sentencia. Llamas ordenó el 4 de diciembre de 2024 abrir esa información reservada, que es una investigación preliminar para determinar si existen indicios suficientes de una infracción disciplinaria que justifiquen incoar un expediente sancionador.
