Félix Alonso Cantorné defiende en el Supremo que sus contratos fueron técnicos, no políticos
El diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, compareció este lunes ante el Tribunal Supremo para defenderse de las acusaciones sobre contrataciones realizadas durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona) entre 2017 y 2019. Cantorné negó rotundamente que dichas adjudicaciones respondieran a criterios políticos o de afinidad partidista, asegurando que siempre se siguieron procedimientos técnicos.
Contrataciones bajo escrutinio en Altafulla
Ante el magistrado Vicente Magro, instructor de la causa que el alto tribunal abrió el pasado abril a raíz de la petición de un juzgado de El Vendrell, el diputado expuso sus argumentos. La investigación se centra en la supuesta prevaricación administrativa. Fuentes jurídicas consultadas señalan que Cantorné rechazó tajantemente la idea de que se fraccionaran contratos para eludir la licitación pública y adjudicarlos a dedo. Según su defensa, el Ayuntamiento carecía de personal especializado en materia jurídica, lo que obligó a recurrir a la contratación externa de dos despachos de abogados para trabajos específicos.
La Sala Penal del Supremo investiga a Cantorné por presuntas irregularidades en la contratación de dos empresas: Milá Advocats y Sinergia. Con la primera, se firmó un contrato de asesoramiento jurídico en 2016. Con Sinergia, vinculada al ex consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y a Joan Herrera, exlíder de Iniciativa per Catalunya, el acuerdo se rubricó en 2017. Ambos contratos eran de un año de duración, pero, según las pesquisas, se continuaron pagando facturas más allá de ese plazo.
El caso llegó al alto tribunal debido a la condición de aforado de Félix Alonso Cantorné, quien ostenta la diputación por Sumar en Comú Podem. El juez de El Vendrell, al constatar esta circunstancia, remitió las actuaciones al Supremo para la investigación y, en su caso, el enjuiciamiento.
La defensa de Félix Alonso Cantorné: necesidad técnica
La defensa de Cantorné se basa en la premisa de que las contrataciones fueron estrictamente técnicas y necesarias para el correcto funcionamiento del consistorio. Se argumenta que la ausencia de personal jurídico cualificado en la plantilla municipal justificó la externalización de servicios, buscando siempre la eficiencia y el cumplimiento de la legalidad. La cuestión ahora reside en determinar si estos procedimientos, tal como defiende el diputado, fueron meramente técnicos o si, por el contrario, existieron criterios políticos que favorecieron a las empresas adjudicatarias.
La comparecencia de Félix Alonso Cantorné en el Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación. Las declaraciones del diputado serán clave para el desarrollo del caso y la posible resolución judicial. La defensa se aferra a la profesionalidad de los procedimientos, mientras que la acusación buscará pruebas de posibles irregularidades y favoritismos.
Claves del futuro judicial de Félix Alonso Cantorné
El Tribunal Supremo deberá ahora valorar las explicaciones ofrecidas por el diputado de Sumar. La investigación sigue abierta y las próximas actuaciones judiciales serán determinantes para esclarecer si las contrataciones investigadas constituyen un delito de prevaricación administrativa. La ciudadanía estará atenta a las decisiones que tome la justicia respecto a este caso que afecta a un representante público.
El diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné rechaza en el Supremo haber adjudicado contratos por criterios políticos.
