El PP fuerza al Tribunal de Cuentas a rehacer su informe clave sobre las finanzas del Estado
El Partido Popular ha dado un golpe sobre la mesa y exige que el Congreso devuelva el controvertido informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024. El objetivo es que el organismo fiscalizador analice a fondo el impacto de la prórroga presupuestaria y las estrategias del Gobierno para gobernar sin Presupuestos. La solicitud formal se realizó en la ponencia sobre la Cuenta General del Estado, marcando un precedente en la fiscalización de las finanzas públicas.
Un varapalo parlamentario sin precedentes
El PP considera que el Tribunal de Cuentas no puede obviar las 'maniobras' del Ejecutivo para gestionar las finanzas públicas sin un marco presupuestario aprobado. La devolución del informe busca forzar un análisis exhaustivo de estas acciones y su posible inconstitucionalidad. A pesar de que el informe inicial del Tribunal de Cuentas concluía que la Cuenta General de 2024 ofrecía una imagen fiel de las cuentas estatales, el PP señala que esta declaración se realizó pese a reflejar una veintena de salvedades y cuatro párrafos de énfasis, insuficientes a su juicio para abordar la gravedad de la situación.
El 'enjuague' de los fondos europeos, bajo la lupa
La polémica se centra en el uso de fondos europeos para cubrir gastos, como las pensiones, que superan ya los 182.000 millones de euros. El PP argumenta que estas modificaciones presupuestarias, realizadas sin control del Parlamento y sin Presupuestos Generales del Estado en vigor, requieren una evaluación rigurosa por parte del Tribunal de Cuentas. Estas cifras, extraídas de informes de la Intervención General del Estado, han provocado una iniciativa inédita por parte de la oposición.
La Comisión Mixta, escenario clave
La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, compuesta por senadores y diputados, se perfila como el escenario donde se decidirá el futuro del informe. Con mayoría de PP y Vox, se anticipa un rechazo histórico de la Cuenta General del Estado, marcando un hito en la fiscalización de las cuentas públicas. El PP, con impulso de la vicesecretaria de Regeneración Democrática, Cuca Gamarra, ha registrado una propuesta para rechazar el informe y devolvérselo al organismo fiscalizador para que lo complete con un análisis sobre la actuación gubernamental en este sentido.
Se exige que el Tribunal de Cuentas presente un nuevo informe en el plazo de tres meses, que incluya un análisis exhaustivo del impacto de la prórroga presupuestaria sobre la gestión de las cuentas públicas y un examen de la constitucionalidad de las estrategias puestas en marcha por el Ejecutivo para gobernar sin Presupuestos. La decisión del PP abre una nueva etapa en la fiscalización de las cuentas públicas, poniendo el foco en la transparencia y el control parlamentario de la gestión gubernamental.
El PP exige que el Tribunal de Cuentas rehaga su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024. El Partido Popular quiere que el Congreso devuelva al Tribunal de Cuentas su controvertida declaración, en la que concluía que esta ofrecía una imagen fiel de las cuentas estatales pese a reflejar una veintena de salvedades e incluir cuatro párrafos de énfasis. El objetivo es que la rehaga y la presente de nuevo dentro de tres meses con el añadido de un análisis exhaustivo del impacto de la prórroga presupuestaria sobre la gestión de las cuentas públicas y de un examen de la constitucionalidad de las estrategias puestas en marcha por el Ejecutivo para gobernar sin Presupuestos.
Los populares consideran que el máximo órgano de fiscalización de las cuentas públicas del Estado no puede ignorar la circunstancia de que el Gobierno ni siquiera presentó un proyecto de Presupuestos en 2024. Tampoco debe desentenderse de las posibles dudas de inconstitucionalidad que despiertan las maniobras realizadas para gestionar las cuentas sin unos presupuestos aprobados. Consideran que hacerlo, como sucede en su declaración sobre la Cuenta del Estado de 2024, supone un incumplimiento de su mandato.
Así lo ha hecho saber este martes en la reunión de la ponencia sobre la Cuenta General del Estado de 2024, en la que ha solicitado formalmente la devolución de la declaración al Tribunal de Cuentas. Se encomienda a la institución que en el plazo de tres meses vuelva a presentar a las Cortes un informe en el que cumpla con toda la dimensión de su mandato.
