Supremo ordena a Félix Bolaños informar a Europa por el juez del TEDH
¡Varapalo judicial para el Gobierno! El Tribunal Supremo ordena a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comunicar al Consejo de Europa, y hacerlo "con la máxima rapidez", que el proceso de selección de los candidatos a juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está siendo objeto de impugnación. Una decisión que pone en jaque el nombramiento y genera un nuevo frente de tensión institucional.
La decisión del Supremo admite a trámite dos recursos presentados por juristas que aspiraban a ocupar la plaza de juez español en Estrasburgo. Se trata de Leonardo Cervera, actual secretario general en el Supervisor Europeo de Protección de Datos, y del magistrado Carlos Hugo Preciado, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos han alzado la voz contra el procedimiento, y ahora el Supremo les da la razón al exigir que se informe de la situación a Europa.
El comité de selección, en el punto de mira
El quid de la cuestión reside en la composición del comité que ha de evaluar y seleccionar a los candidatos. La orden ministerial de Félix Bolaños, publicada en el BOE el pasado 12 de enero, estableció un comité de cinco miembros, tres de los cuales son altos cargos del Ejecutivo: el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una configuración que los recurrentes consideran sesgada y que, según argumentan, vulnera la imparcialidad exigida para estos procesos.
El plan del Gobierno, que ya ha enviado una terna de candidatos —formada por Luis Jimena, Ana Salinas y Daniel Sarmiento— a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se ve ahora seriamente comprometido. La Asamblea es el órgano encargado de la elección final del juez, y la orden del Supremo busca paralizar o, al menos, advertir sobre la irregularidad del proceso antes de que sea demasiado tarde.
El Congreso, escenario de la pugna política
Mientras la batalla judicial se libra en los tribunales, el Congreso de los Diputados ha sido testigo de un intenso debate político. El Partido Popular había presentado una proposición de ley para arrebatar al Gobierno la competencia en la designación de jueces españoles para tribunales europeos, cediéndola al CGPJ. La idea era sencilla: que los jueces eligieran a los jueces. Sin embargo, la iniciativa popular fue tumbada por el PSOE, evidenciando las profundas diferencias sobre el control de estos nombramientos internacionales.
El PP insiste en que el Gobierno intenta controlar la elección de los magistrados para asegurar perfiles afines. La propuesta del PP, aunque técnicamente enfocada en la reforma de la ley, se ha convertido en un arma arrojadiza en la trinchera política. La urgencia del nombramiento, con el mandato de la actual magistrada española en el TEDH, María Elósegui, expirando en marzo de 2027, añade presión a la situación.
Marlaska niega injerencias
En medio de este torbellino, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de las acusaciones, negando cualquier vinculación con presuntas tramas o injerencias en actuaciones policiales y judiciales. Junto a Félix Bolaños, ha defendido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asegurando que las investigaciones son ajenas al Gobierno y se desarrollan bajo la dirección de fiscales y jueces.
La contundente decisión del Supremo ordena a Félix Bolaños afrontar una dimensión crítica en la gestión gubernamental de estos nombramientos. La exigencia de informar "sin dilación" al Consejo de Europa subraya la gravedad de las impugnaciones y la necesidad de garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, antes de la elección definitiva del nuevo juez español en el TEDH.
