Nolasco planta cara a Sánchez: guerra judicial por el ‘fraude’ en la acogida de menas
El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha desatado una guerra judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha anunciado una contundente ofensiva legal por un presunto “fraude” en la gestión de los menores extranjeros no acompañados (menas). El dirigente de Vox acusa al Ejecutivo central de incumplir flagrantemente la Ley de Extranjería y las convenciones internacionales.
La crítica se centra en la obligación de las comunidades autónomas a acoger a jóvenes sin verificar su edad y sin garantizar su retorno a sus países de origen si tienen familiares. “Se nos obliga a acoger a menas sin acreditarnos que son realmente menores de edad, porque muchos no lo son; se nos dice que están desamparados porque no tienen referentes familiares, pero sí que los tienen y se saben; y se incumple con la obligación legal de repatriarlos para devolverlos a sus familias”, ha sentenciado Nolasco.
Aragón emprende acciones legales contra el Gobierno central
La determinación de Nolasco va más allá de las meras declaraciones. El Gobierno de Aragón emprenderá acciones judiciales contra las decisiones del Gobierno central relacionadas con el traslado y acogida de estos menores. El objetivo es claro: poner fin a lo que consideran una situación de “impunidad” y “fraude” por parte del Ejecutivo de Sánchez. La iniciativa busca arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en la identificación y reparto de los menas entre las diferentes comunidades autónomas.
Nolasco ha sido tajante al afirmar que recurrirán todas las órdenes de traslado de menores. Además, estudian exigir responsabilidades penales no solo al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, sino también a sus superiores políticos. Esta medida subraya la gravedad con la que el gobierno aragonés está abordando la cuestión, buscando depurar responsabilidades y forzar un cambio en la política de acogida.
Verificación de edad y repatriación, ejes de la denuncia
Uno de los pilares de la denuncia de Nolasco se centra en la verificación de la edad de los menores. El vicepresidente ha manifestado la intención de solicitar a la Fiscalía la realización de pruebas periciales forenses para determinar la edad real de los jóvenes acogidos. Esta medida busca asegurar que no se está acogiendo a adultos bajo el paraguas de la protección de menores, un punto clave en sus argumentos.
Además, la ofensiva judicial pretende garantizar que se cumpla con la obligación legal de repatriar a aquellos menores que cuenten con familiares en sus países de origen. Nolasco ha sido claro al indicar que se suspenderá cualquier subvención destinada a cooperación internacional que no esté orientada a facilitar este retorno. Busca así redirigir los recursos hacia el objetivo prioritario de la repatriación.
Contexto de conflictividad y seguridad en los centros
La decisión de Nolasco de lanzar esta ofensiva judicial no surge en un vacío. Se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la conflictividad y la seguridad en los centros de acogida de menores en Aragón. El vicepresidente ha señalado la necesidad de actuar para defender la seguridad interior, proteger a los trabajadores y, sobre todo, a los propios menores, víctimas de altercados y violencia.
Como botón de muestra de la gravedad de la situación, Nolasco ha recordado incidentes recientes, como el hallazgo de un arma blanca de fabricación casera en posesión de un joven con antecedentes en un centro de acogida. Estos hechos, según el vicepresidente, demuestran la urgencia de tomar medidas contundentes y de exigir responsabilidades a quienes gestionan de forma deficiente esta problemática.
La batalla legal iniciada por el vicepresidente de Aragón promete intensificar el debate sobre la gestión migratoria y la acogida de menores en España, poniendo en el punto de mira las políticas del Gobierno central y las exigencias de las comunidades autónomas.
