Tribunales avalan el despido procedente por amenazas y daños graves

Una discusión acalorada que termina con una amenaza directa al jefe, el vandalismo contra el coche de un compañero o una pelea que deja a un empleado herido. Estos son solo algunos de los comportamientos que, hasta ahora, podían generar dudas sobre su impacto en la relación laboral. Sin embargo, la justicia española ha sido clara: un despido procedente es la consecuencia directa y avalada por los tribunales para este tipo de faltas graves. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirmando la validez de un despido disciplinario, es la última de una serie de fallos que establecen un antes y un después en la interpretación de la conducta del trabajador.

El fallo andaluz, que desestima por completo el recurso de un trabajador y ratifica la actuación de la empresa, se suma a otras resoluciones judiciales que ponen el foco en la gravedad de ciertas acciones. Ya no vale la excusa de que un incidente ocurrió fuera del horario laboral o en un contexto de enfado puntual. Los tribunales superiores de justicia en Canarias, Andalucía y el País Vasco, entre otros, están marcando una línea roja: la confianza y la buena fe contractual son pilares fundamentales del empleo, y su quiebra justifica la máxima sanción disciplinaria.

Amenazas, vandalismo y peleas: conductas que cuestan el empleo

El caso más reciente que ha llegado a los altos tribunales es el de un camarero en Canarias. Tras una discusión con su superior, el empleado regresó al establecimiento y amenazó directamente al jefe: "tu empresa es una mierda, te la voy a hundir". El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no dudó en declarar procedente el despido disciplinario. La sentencia (STSJ ICAN 847/2025) subraya que este tipo de amenazas quiebra la buena fe contractual, haciendo imposible el mantenimiento de la relación laboral tras más de una década en la empresa.

Otro caso que ilustra la contundencia de la justicia laboral se vivió en Andalucía. Allí, un trabajador, que contaba con una relación indefinida desde 2007 y un salario de más de 2.100 euros mensuales, fue despedido disciplinariamente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la procedencia del despido, ratificando la validez de la actuación empresarial. Aunque los detalles específicos de la falta grave que motivó el despido en este caso concreto no se detallan en el extracto de la fuente, la ratificación judicial implica que la empresa actuó dentro de la legalidad al considerar la conducta del empleado como suficiente para romper el contrato.

La lista de incidentes que pueden llevar a un despido disciplinario se amplía. En el País Vasco, una pizzería fue escenario de una pelea entre empleados que terminó con un repartidor herido de gravedad y posteriormente despedido. La disputa, que escaló rápidamente tras una discusión sobre la carga de trabajo, derivó en un conflicto judicial que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si bien la fuente original menciona un "despido fraudulento", la complejidad de estos casos, que involucran bajas médicas y denuncias cruzadas, demuestra cómo las rencillas internas pueden tener consecuencias laborales drásticas.

Incluso acciones que podrían parecer circunscritas al ámbito privado o a una venganza personal pueden tener repercusiones laborales directas. El TSJ de Galicia declaró procedente el despido de un conductor de ambulancias que, tras 17 años en la empresa, fue despedido por rayar el coche de un compañero. El incidente, que causó daños valorados en 327 euros, fue considerado una falta muy grave tipificada en el Estatuto de los Trabajadores. A pesar de que el trabajador reconoció los hechos y se ofreció a pagar la reparación, la empresa y el tribunal consideraron que su conducta demostraba deslealtad, rompiendo la confianza necesaria para mantener el empleo.

Cuando la paciencia empresarial se agota: fallos que ratifican la expulsión

Estos casos, aunque diversos en sus circunstancias, comparten un denominador común: la confirmación judicial de que existen motivos suficientes para justificar un despido procedente. Los tribunales actúan como árbitros finales, evaluando si las faltas cometidas por el trabajador son lo suficientemente graves como para romper el vínculo contractual sin derecho a indemnización. La clave reside en la "gravedad y trascendencia" de la conducta, que debe ser incompatible con la continuidad de la relación laboral.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 54, enumera las causas disciplinarias que pueden dar lugar a un despido procedente. Entre ellas se encuentran las ofensas verbales o físicas al empresario o a otros trabajadores, la indisciplina, el fraude o la deslealtad. Las sentencias que hemos repasado demuestran que los tribunales interpretan estas causas de manera estricta cuando la conducta del empleado atenta contra la seguridad, el respeto o el patrimonio de la empresa o de sus compañeros.

Casos que sientan precedente en la justicia laboral

La regulación del salario, como elemento esencial de la relación laboral según los artículos 26 y 29 del Estatuto de los Trabajadores, también puede verse afectada por comportamientos reprobables. Aunque no se detalla un caso concreto de despido vinculado directamente a una disputa salarial en las fuentes proporcionadas, sí se menciona un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que aborda la comparación de nóminas entre compañeros. Esto subraya la importancia de la transparencia y la legalidad en las percepciones económicas, un terreno que, de ser manipulado o utilizado para generar conflictos graves, podría desembocar en consecuencias disciplinarias.

La tecnología, que facilita la identificación de actos vandálicos como rayar coches, también ha puesto un foco mayor en este tipo de conductas. Lo que antes podía quedar en el ámbito privado, ahora se expone públicamente y puede ser fácilmente rastreado, aumentando la probabilidad de que estos actos tengan consecuencias laborales. La sentencia del TSJ de Galicia sobre el coche rayado es un claro ejemplo de cómo la justicia laboral se adapta a las nuevas realidades y a la mayor facilidad de prueba.

Las consecuencias de cruzar la línea roja

En definitiva, la jurisprudencia actual envía un mensaje contundente a los trabajadores: la conducta en el entorno laboral tiene un peso decisivo. Amenazas, agresiones, daños a la propiedad ajena o graves faltas de respeto no solo deterioran el ambiente de trabajo, sino que pueden suponer la pérdida inmediata del empleo sin derecho a indemnización. Los fallos de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España ratifican que la paciencia empresarial tiene un límite, y que cruzar ciertas líneas rojas se paga caro, con un despido procedente.