El Supremo da un portazo a García Ortiz: 39.000 euros en costas y adiós a su cruzada
Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, ha visto desestimados sus recursos contra el cálculo de las costas procesales que debe abonar. El Tribunal Supremo ha confirmado la cifra final de 39.009,48 euros, la mitad de la tasación inicial, poniendo fin a la disputa sobre los gastos derivados de la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha emitido un auto que rechaza las pretensiones de García Ortiz y desestima los recursos de revisión presentados por él y por el Ministerio Fiscal. La disputa se centraba en la interpretación del decreto de la letrada de la Administración de Justicia del pasado 26 de marzo, que fijó la cantidad a pagar.
El ex fiscal general recurrió el cálculo de los gastos
Inicialmente, la letrada de la Administración de Justicia aprobó una tasación de costas de 79.942 euros. Tras una impugnación parcial por parte de la Abogacía del Estado (en representación de García Ortiz) y de la propia Fiscalía, la cifra se redujo a 39.000 euros. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado quedaron conformes y recurrieron de nuevo, argumentando que ciertas partidas eran superfluas. El tribunal ha desestimado estas alegaciones, manteniendo firme la suma de 39.000 euros.
El auto del Supremo recuerda que el impulso inicial de la investigación no provino de la acusación particular de González Amador, sino de la denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Este argumento fue clave para la recalibración de las costas.
La cifra final se reduce a la mitad de la tasación inicial
La confirmación de los 39.009,48 euros supone un alivio económico respecto a la cifra inicial. El caso, que ha generado un notable interés mediático, se remonta a la condena de García Ortiz por un delito de revelación de secretos. La sentencia original también conllevó dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general.
El Tribunal Supremo ha considerado la complejidad del proceso, que incluyó la tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego ante la propia Sala por razón de aforamiento, la existencia de quince piezas separadas para recursos de apelación, y la necesidad de practicar numerosas diligencias. La resolución final sobre las costas marca un hito en el desenlace de este procedimiento.
Contexto: el caso de la pareja de Ayuso y la revelación de secretos
La sentencia que dio origen a estas costas condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Los hechos se centraron en la filtración de información reservada sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando García Ortiz ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal. La revelación de estos datos, en un contexto que exigía la máxima discreción, llevó a la imposición de una pena de inhabilitación y, posteriormente, a la liquidación de las costas procesales.
Este fallo del Tribunal Supremo, al desestimar los recursos de revisión, subraya la firmeza de las decisiones judiciales y cierra un capítulo más en la controversia que rodeó la actuación del ex fiscal general. La confirmación de la cantidad a pagar, aunque reducida, supone la aceptación definitiva de las responsabilidades económicas derivadas del proceso.
La resolución judicial pone fin a la disputa sobre los gastos de defensa, estableciendo la cantidad final de 39.009,48 euros que el ex fiscal general deberá abonar. Este importe, confirmado por el Supremo, representa la mitad de la tasación inicial y cierra un episodio más en la compleja relación entre las instituciones y la justicia.