90.000 presos y 470 muertos bajo su régimen
El Salvador se ha convertido en un polvorín de detenciones masivas y muertes bajo custodia estatal. La guerra declarada por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas, bajo el paraguas del régimen de excepción, ha dejado un rastro de 90.000 personas detenidas y al menos 470 fallecimientos en centros de reclusión desde su implementación en 2022. Organizaciones de derechos humanos alertan que estas cifras podrían configurar crímenes de lesa humanidad, denunciando un ataque sistemático contra la población civil.
El Régimen de Excepción bajo la lupa
Lo que comenzó como una medida temporal para combatir la violencia desatada por las pandillas se ha transformado en una política permanente de seguridad. El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, ha permitido detenciones arbitrarias masivas. Según informes, miles de familias salvadoreñas aún desconocen el paradero de sus seres queridos, quienes desaparecieron tras ser detenidos en redadas policiales y militares.
Cifras alarmantes de detención y muerte
La organización Amnistía Internacional ha sido una de las voces más críticas, señalando que el elevado número de muertes bajo custodia estatal podría constituir crímenes de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma. Se estima que al menos 470 personas han muerto en cárceles y centros de detención desde 2022. Un informe de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH) detalla que el 94% de los fallecidos no eran miembros de pandillas, incluyendo pastores evangélicos, sindicalistas y hasta menores de edad. Estas cifras triplican las reportadas por otras organizaciones, y familiares de los detenidos han denunciado signos de tortura en los cuerpos.
El contexto de la lucha contra las pandillas
El presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción en marzo de 2022, tras un fin de semana sangriento con más de 80 homicidios atribuidos a las pandillas. La medida, que permite la detención de sospechosos sin orden judicial y extiende los plazos de detención preventiva, ha sido aplaudida por una parte de la población salvadoreña que veía en ella la única solución para recuperar la seguridad en un país históricamente asolado por la violencia criminal. Sin embargo, el coste humano y el cuestionamiento a las garantías fundamentales han ido en aumento.
Críticas internacionales y el orden mundial alternativo
Amnistía Internacional ha advertido que el año 2025 ha estado marcado por "ataques depredadores contra el multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil". La organización denuncia que, como alternativa, se está ofreciendo un "orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderechos". En este contexto, las políticas implementadas en El Salvador bajo el régimen de Bukele son vistas por algunas ONG como un reflejo de tendencias globales que debilitan los derechos humanos y las instituciones democráticas. La ONG insta a los Estados a resistir este tipo de políticas para evitar que se imponga un nuevo orden perjudicial para la humanidad.
El impacto en la sociedad civil
La persecución de voces críticas y la militarización del espacio público han generado un clima de miedo e incertidumbre en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos y periodistas que documentaban abusos se han visto obligadas a exiliarse ante la creciente ofensiva gubernamental contra opositores y críticos. El impacto de estas políticas en la sociedad civil salvadoreña y en el estado de derecho es profundo, generando preocupación internacional sobre la dirección que está tomando el país centroamericano.
Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción en El Salvador. La organización señala que al menos 470 personas han muerto bajo custodia judicial desde que se aprobó esta medida en 2022, y que 90.000 personas han sido detenidas en este periodo en el nombre de la lucha contra las pandillas.
Además, aseguran que aún miles de familias desconocen el paradero de sus seres queridos detenidos. Una medida que se implementó como temporal por parte del presidente Nayib Bukele, con la idea de combatir la violencia de las pandillas, ha acabado transformándose en una política que, asegura la ONG, podría incumplir el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto se debe al "ataque generalizado y sistemático" que este régimen supone para la población civil, a sus detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia: "La excepcionalidad se transformó progresivamente en una política permanente de seguridad basada en la suspensión prolongada de derechos y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho", afirman.
