David Sánchez, hermano de Pedro, inhabilitado 9 años por prevaricación en Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una sentencia que marca un hito en la política española: David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido condenado a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. La decisión judicial se fundamenta en su consideración como autor de un delito de prevaricación administrativa, en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.
La resolución judicial, de 377 páginas, señala a David Sánchez, músico y director de orquesta de profesión, como autor por cooperación necesaria en el delito de prevaricación. Los hechos juzgados se centran en su nombramiento como coordinador de los conservatorios pacenses, una decisión que, según la Audiencia, habría sido tomada a sabiendas de su injusticia.
Golpe judicial a la estructura socialista extremeña
La sentencia no solo afecta a David Sánchez, sino que también ha recaído sobre Miguel Ángel Gallardo, exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz. Gallardo ha sido condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, enfrentándose a sendas penas de inhabilitación especial por tiempo de nueve años. En total, suma 18 años de inhabilitación, una sanción que lo aparta de la vida pública de forma contundente.
Los magistrados han sido claros al descartar el delito de tráfico de influencias, una de las acusaciones que planeaba sobre el procedimiento desde sus inicios. Esta exclusión ha evitado que los once acusados en el caso se enfrentaran a las penas de prisión solicitadas por las acusaciones populares, vinculadas a la órbita de la derecha y la ultraderecha.
La condena a David Sánchez Pérez-Castejón, con esta pena de inhabilitación de nueve años, supone un duro golpe para la imagen del Gobierno y del propio Pedro Sánchez. Aunque la sentencia se centra en hechos concretos relacionados con su actividad profesional en la administración pública extremeña, el parentesco directo con el jefe del Ejecutivo inevitablemente arroja una sombra sobre la institución presidencial.
Las implicaciones de esta inhabilitación son significativas. David Sánchez no solo verá vetada su posibilidad de acceder a cualquier empleo o cargo público durante casi una década, sino que tampoco podrá ejercer su derecho al sufragio pasivo, lo que le impedirá presentarse a elecciones o asumir responsabilidades representativas. La noticia ha generado un gran revuelo y se espera con expectación la reacción de los implicados y el desarrollo de posibles recursos ante instancias superiores.
