La corrupción en España se dispara y las reformas van lentas
La Comisión Europea pone a España en el punto de mira una vez más, exigiendo "medidas urgentes" para combatir la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre conflictos de interés. El último informe sobre el Estado de derecho constata un "significativo" aumento en la percepción de la corrupción durante el mandato de Sánchez, calificando los avances como "limitados".
La UE señala un retroceso en la lucha contra el fraude
El informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en los Veintisiete no deja lugar a dudas: España vuelve a ser señalada por su insuficiente lucha contra la corrupción. Bruselas reconoce "algunos avances" en la materia, pero los califica de "limitados" y lamenta la lentitud en la tramitación de reformas clave. La percepción general es que la corrupción ha "aumentado significativamente" en los últimos cinco años, coincidiendo con el gobierno de Pedro Sánchez.
Las recomendaciones de Bruselas son claras y directas: urge a España a "impulsar el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal" con el objetivo de agilizar las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel. La Comisión considera que las medidas adoptadas hasta ahora, como el aumento de plantillas o cambios legislativos, no son suficientes para atajar los "desafíos persistentes". Bruselas exige a España más medidas contra la corrupción y menos ataques a los jueces.
Conflictos de interés y transparencia: una asignatura pendiente
Más allá de la corrupción de alto nivel, la Comisión Europea también pone el foco en las normas sobre conflictos de interés y la transparencia patrimonial de los altos cargos. Bruselas considera que los avances en este campo son "limitados" y reclama un endurecimiento de las regulaciones. La falta de progreso en estas áreas es vista como un punto débil que socava la confianza en las instituciones.
La crítica de la UE se alinea con las preocupaciones expresadas por la oposición española. Alberto Núñez Feijóo ha señalado que el aumento de la percepción de corrupción no es una sorpresa, sino una consecuencia directa de un gobierno que, a su juicio, "señala a jueces, a fiscales, a los miembros de la Guardia Civil y a la Policía Nacional". Feijóo lamenta que esta situación esté "debilitando a nuestro país y deteriorando la imagen de España".
Un historial de corrupción que marca la política española
La sombra de la corrupción ha planeado sobre la política española durante décadas. De hecho, Pedro Sánchez accedió al poder en 2018 a través de una moción de censura motivada precisamente por la corrupción, tras la sentencia de la trama Gürtel que condenaba al PP. Pese a las promesas de regeneración, los indicadores de corrupción no han mejorado sustancialmente, y España ha perdido posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
El informe de Bruselas, aunque no vinculante, es un toque de atención para el Gobierno español. Las recomendaciones de Bruselas exigen más medidas contra la corrupción y ponen de manifiesto que la lucha contra la corrupción sigue siendo una "asignatura pendiente" y que se requieren esfuerzos más contundentes para restaurar la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de derecho.
La Comisión Europea insta a España a tomar cartas en el asunto de forma inmediata, implementando reformas que vayan más allá de los "limitados" avances logrados hasta ahora. El país se enfrenta al reto de demostrar su compromiso real con la transparencia y la erradicación de la corrupción para recuperar la credibilidad perdida.
España vuelve a estar en el foco de la Comisión Europea, esta vez para reclamar más medidas contra la corrupción, entre otros asuntos. Así lo exponen en su informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, donde Bruselas reconoce "algunos avances" en la lucha contra la corrupción de alto nivel, pero los considera "limitados" y pide más reformas. Aunque se trata de recomendaciones políticas, no vinculantes, los Gobiernos no están obligados legalmente a cumplirlas. Los servicios comunitarios admiten que se han dado pasos para reducir los tiempos de las largas investigaciones y procesos por corrupción de alto nivel, por ejemplo con aumento de plantillas y cambios legislativos. Sin embargo, a juicio de Bruselas "persisten los desafíos" y la tramitación de estas reformas está siendo lenta, por lo que considera que no es suficiente.
