¿truco legal para esquivar el descalabro electoral?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explora todas las vías posibles para aferrarse al poder y esquivar lo que se perfila como un posible descalabro electoral. Fuentes cercanas a Moncloa apuntan a que se solicitan informes jurídicos para estudiar la viabilidad de vincular la disolución de las Cortes a la fecha de constitución del Parlamento, y no a la celebración de las últimas elecciones generales. El objetivo es ganar tiempo y evitar una convocatoria electoral que, según las encuestas, no le sería favorable.
Esta estrategia busca mantener al partido a salvo de la coincidencia de citas electorales clave como las generales, autonómicas y municipales. Se enmarca en un contexto de creciente presión judicial, y no se descarta la posibilidad de una imputación del PSOE como persona jurídica. Esto añade un componente de urgencia a la búsqueda de fórmulas para prolongar la legislatura.
Sánchez sueña con la resistencia histórica
Pedro Sánchez tiene la ambición de pasar a la historia como el presidente que más ha resistido en La Moncloa frente a las adversidades. Este deseo cobra relevancia si se considera la presión a la que se ha visto sometido: el Congreso le ha instado a convocar elecciones, ha perdido el apoyo de socios fundamentales y no ha logrado aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura. En medio de este panorama, la estrategia de Moncloa se centra en una cuestión técnica con trascendencia política mayúscula: la posible extensión legal del mandato actual.
La moratoria antidesahucios, en el alero
Mientras el Ejecutivo se afana en maniobras para prolongar su estancia en el poder, otras urgencias sociales corren riesgo de quedar desatendidas. El próximo 31 de diciembre finaliza la moratoria antidesahucios, un pilar del llamado "escudo social" aprobado por el Gobierno de coalición. Este mecanismo ha protegido a miles de inquilinos vulnerables, permitiendo la suspensión extraordinaria de desalojos. Entidades sociales como la PAH o Amnistía Internacional exigen su prórroga para evitar que la medida decaiga.
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se asegura que se trabaja para prorrogar la medida, e incluso se considera necesario reforzarla y hacerla estructural. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro político del Gobierno podría poner en peligro estas promesas, dejando en precaria a numerosas familias.
Avances y tropiezos en la ley de nacionalidad saharaui
En el ámbito legislativo, la ley de nacionalidad saharaui ha dado un paso importante en el Congreso, con el apoyo de la mayoría de la Comisión de Justicia, a excepción de PP y Vox. Sin embargo, su tramitación final se enfrenta a obstáculos. La Comisión de Justicia no debatirá el dictamen hasta el 23 de julio, fecha que imposibilita su elevación a la sesión extraordinaria del Congreso. Salvo una convocatoria adicional en agosto, la proposición de ley deberá esperar al nuevo periodo de sesiones y, posteriormente, al Senado. Este retraso genera dudas sobre la agilidad con la que se resolverá este asunto, una prioridad de Sumar.
En su balance político de 2025, Pedro Sánchez situó entre sus objetivos la continuidad de avances en materia social. Sin embargo, la actual coyuntura política, marcada por la búsqueda de la supervivencia legislativa y la presión judicial, pone en entredicho la capacidad del Gobierno para materializar sus promesas y cerrar el año con un balance positivo en todos los frentes.
El Congreso desbloquea la ley para nacionalizar a los saharauis, aunque su aprobación definitiva se pospone hasta septiembre. La Comisión de Justicia debatirá el dictamen el próximo jueves, tras una solicitud del ministerio de Félix Bolaños para habilitar el mes de julio en su tramitación parlamentaria.
