El TJUE da la puntilla a la ‘derecha judicial’: avala la Ley de Amnistía y la considera ‘conforme’ al derecho europeo
La Ley de Amnistía española ha recibido un espaldarazo definitivo desde Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la norma, ya aprobada por el Congreso y ratificada por el Tribunal Constitucional, desestimando así las pretensiones de quienes buscaban invalidarla desde Bruselas. Este pronunciamiento despeja las últimas dudas sobre la constitucionalidad de la ley en el marco comunitario y asesta un golpe directo a la llamada "derecha judicial".
El Alto Tribunal europeo ha dictaminado que la ley española es perfectamente conforme al derecho de la UE. Ha reconocido explícitamente que su finalidad es “reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”. Esta declaración supone un respaldo rotundo a la argumentación del Gobierno y a la propia naturaleza de la ley, diseñada para cerrar heridas y normalizar la situación tras el 'procés' independentista catalán.
Un aval europeo para la reconciliación y el fin del 'procés'
La Justicia comunitaria ha dado su visto bueno a la Ley de Amnistía en aspectos cruciales, como el impacto de la malversación sobre los fondos europeos y los delitos de terrorismo. El TJUE ha considerado que la norma no menoscaba la directiva europea antiterrorismo, excluyendo aquellos actos que hayan causado perjuicios graves, y tampoco daña las finanzas de la Unión. Esto responde directamente a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, que buscaban vetar la ley desde Bruselas.
En concreto, el Tribunal de Cuentas preguntó si la amnistía de la responsabilidad contable de altos cargos de la Generalitat podía ser lesiva para los intereses financieros de la UE. La respuesta del TJUE ha sido negativa, descartando que la mera disminución de la renta nacional bruta, derivada de una hipotética secesión, afecte a los intereses comunitarios. Por su parte, la Audiencia Nacional consultó sobre si el perdón a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo contravenía la política antiterrorista de la UE; otra duda que el tribunal luxemburgués ha resuelto en sentido favorable a la ley española.
Golpe a la oposición judicial y victoria del Gobierno
La resolución del TJUE ha sido recibida con euforia por los defensores de la ley, quienes la ven como un respaldo a la legitimidad de las amnistías como instrumento para resolver conflictos políticos. La decisión europea pone en entredicho las tesis de los sectores judiciales y políticos que habían criticado la norma, considerándola contraria al derecho comunitario. Desde plataformas políticas, se ha celebrado que el TJUE haya dejado “en el suelo” a la “derecha judicial” española, consolidando la victoria del Gobierno.
Sin embargo, la sentencia del TJUE no altera de inmediato la situación procesal de los implicados en el 'procés', como Carles Puigdemont. Su posible regreso a España sigue dependiendo de las decisiones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ya que el TJUE se ha pronunciado sobre la conformidad de la ley con el derecho de la UE, pero no sobre la aplicación concreta en casos individuales ni sobre la vigencia de otras resoluciones judiciales.
La vanguardia política y judicial española se encuentra ahora ante un nuevo escenario. Con el aval europeo, la Ley de Amnistía consolida su posición, aunque los debates sobre su aplicación y sus consecuencias seguirán marcando la agenda política en los próximos meses. La justicia europea ha hablado, y su voz resuena con fuerza en el complejo entramado del conflicto catalán, dando un respiro al Gobierno y un revés a sus detractores.
La digestión de la ley de Amnistía ha recibido esta semana un tónico europeo, un licor de hierbas de Luxemburgo. Una inequívoca resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2024 y sellada por el Tribunal Constitucional español el 26 de junio de 2025. En realidad, el TC ha emitido veinte fallos favorables a la citada ley, en respuesta a otros tantos recursos de inconstitucionalidad presentados por diversas instancias. Las dos últimas resoluciones han desestimado los recursos presentados por el Gobierno de Aragón y por la Junta de Castilla-La Mancha. Voto favorable del Congreso, veinte veredictos de constitucionalidad del TC y ahora una resolución favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a sendas cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. La AN preguntaba si el perdón a 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo podía contravenir la política antiterrorista de la Unión Europea.
