¿Quién es el alcalde de Nueva York que pide el arresto de Netanyahu?
La tensión política en torno a la guerra de Gaza ha alcanzado un nuevo punto álgido en Estados Unidos, pero el protagonista de la última y explosiva polémica no es quien muchos creen. Zohran Mamdani, el asambleísta del estado de Nueva York que ha vuelto a cargar públicamente contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exigiendo su arresto, no es el alcalde de Nueva York. Este dato, crucial y a menudo pasado por alto, redefine por completo el peso institucional de sus palabras en un pulso que sacude la relación entre Washington y Tel Aviv.
Lo que ha corrido como la pólvora es que el “alcalde de Nueva York” ha calificado a Netanyahu de “criminal de guerra” y “artífice de un genocidio”, reclamando su detención inmediata si pisa suelo estadounidense. Una afirmación explosiva que, si bien proviene de una figura pública con voz en la Gran Manzana, carece de la autoridad ejecutiva que ostentaría un alcalde. La confusión ha sido generalizada, pero la realidad es que Mamdani, un socialdemócrata del ala progresista, representa a un distrito en la Asamblea del Estado, no a la ciudad en su conjunto.
Mamdani enciende la mecha: "Netanyahu, criminal de guerra"
El asambleísta Mamdani ha encendido la mecha de la controversia al reclamar abiertamente que Netanyahu sea detenido si ingresa a Estados Unidos, especialmente durante su próxima visita programada a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Para Mamdani, el primer ministro israelí “no es bienvenido” y debe “responder ante la Justicia internacional” por lo que él describe como “crímenes de guerra” y un “genocidio atroz” en la Franja de Gaza y Cisjordania. Su postura es clara: “Coincido con el TPI en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, al igual que con cualquier otra persona acusada por el TPI”.
Esta crítica ha provocado una reacción contundente por parte del primer ministro israelí, quien no ha tardado en acusar a Mamdani de apoyar indirectamente a Hamás. La batalla dialéctica se recrudece, pero las implicaciones prácticas de las declaraciones de Mamdani son, en realidad, muy limitadas por su posición institucional.
La realidad institucional: el Ayuntamiento de Nueva York no tiene competencias
La vehemencia de Mamdani contrasta con la cruda realidad legal. El propio asambleísta ha tenido que matizar sus declaraciones iniciales, reconociendo públicamente que, tras consultar con el departamento jurídico de la ciudad, el Ayuntamiento de Nueva York carece de competencias legales para ejecutar una orden de arresto internacional. La responsabilidad de actuar sobre una orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) recaería exclusivamente en el Gobierno federal de Estados Unidos.
“Mi administración ha revisado todas las vías legales disponibles para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí”, manifestó en un vídeo. Y la conclusión es lapidaria: “Es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”. Esto desinfla en gran medida el impacto directo de sus exigencias, aunque mantiene viva la presión mediática y política.
Netanyahu desafía las amenazas y confirma su visita a Nueva York
Pese a las voces que piden su arresto, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha confirmado su asistencia a la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha defendido la decisión, asegurando que Netanyahu regresará al país tras su participación, sin que las declaraciones del asambleísta Mamdani alteren su agenda.
Este desafío frontal subraya la complejidad de la situación. Para Israel, la presencia de su líder en un foro internacional tan relevante es un mensaje de soberanía y normalidad, ajeno a las presiones de figuras políticas específicas en Estados Unidos. La mera posibilidad de un arresto, aunque remota, ha elevado el perfil de la visita y la atención mediática sobre la misma.
El laberinto legal: EE.UU. y la jurisdicción del TPI
La orden de arresto del TPI contra Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad ha suscitado diversas opiniones en el ámbito internacional. Sin embargo, Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional ni reconoce su jurisdicción, lo que complica enormemente cualquier posibilidad de ejecución de dicha orden en su territorio.
Organizaciones pro-palestinas, como la Fundación Hind Rajab, argumentan que Estados Unidos ha incorporado parcialmente los delitos tipificados en el Estatuto de Roma (fundamento del TPI) en sus leyes nacionales y forma parte del Cuarto Convenio de Ginebra. Este convenio establece que los Estados Parte “tendrán la obligación de buscar a las personas presuntamente responsables de haber cometido, o de haber ordenado cometer, tales infracciones graves, y deberán llevar a dichas personas, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales”.
No obstante, la postura oficial de Washington ha sido históricamente la de proteger a sus aliados de las injerencias del TPI. De hecho, el Gobierno de Donald Trump ya descartó de plano la posibilidad de arrestar a Netanyahu en su momento, asegurando que el mandatario israelí no sería detenido “bajo ninguna circunstancia” mientras permaneciera en territorio norteamericano. Un precedente que deja claro el escaso margen de maniobra legal para las exigencias del asambleísta Mamdani, a pesar del ruido mediático y político que ha logrado generar.
