No consultará sobre la regularización masiva de migrantes
El Tribunal Supremo ha zanjado el debate y ha decidido no elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la controvertida regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha comunicado su decisión, confirmando que, tras haber descartado la suspensión cautelar de la medida, no considera pertinente consultar al tribunal europeo en este momento procesal. Una determinación que pone un punto y final, al menos por ahora, a la posibilidad de que Bruselas dictamine sobre la legalidad de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Supremo planta cara a Bruselas: no habrá consulta al TJUE
La decisión del Alto Tribunal llega después de que varias partes, incluyendo la Abogacía del Estado, plantearan la consulta al TJUE ante la duda de si varios preceptos del régimen de regularización podrían colisionar con las normas comunitarias. Sin embargo, el Supremo ha considerado que, al no haberse suspendido la medida, la consulta pierde su pertinencia. La Sala Tercera ya había rechazado previamente paralizar cautelarmente el proceso, que ha recibido más de 1.174.978 solicitudes, argumentando el "interés público" y el "sustrato humano" que sustenta la iniciativa.
Un portazo a Bruselas en plena crisis migratoria
Esta negativa del Tribunal Supremo a consultar al TJUE supone un respaldo implícito a la política migratoria del Gobierno y un freno a las pretensiones de quienes buscaban una intervención europea. La regularización, que otorga permisos de residencia y trabajo en territorio nacional, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, que acusa al Ejecutivo de actuar en contra de las directrices de la Unión Europea.
Feijóo carga contra Sánchez: "Va en sentido contrario a la UE"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los críticos más acérrimos de la medida. Ha denunciado que el Gobierno de Sánchez va "en sentido contrario" a la Unión Europea en materia de inmigración. Feijóo ha advertido que la regularización extraordinaria de migrantes y los permisos de residencia concedidos por España podrían interpretarse como un permiso para residir en cualquier país de la UE. Una afirmación que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha desmentido, aclarando que los permisos son válidos "en todo el territorio nacional" pero no otorgan derecho a residir o trabajar en otros estados miembros.
La justicia europea, un fantasma para el Gobierno
La posibilidad de que el TJUE se pronunciara sobre la regularización extraordinaria había generado inquietud en el Gobierno. A pesar de que la propia norma especifica que los permisos son solo para España, la mera intención del Supremo de elevar una cuestión prejudicial abría la puerta a un escrutinio europeo. El Ejecutivo podría haber preferido evitar esta situación. La decisión final del Alto Tribunal, sin embargo, cierra esta vía, al menos de momento, y deja la última palabra sobre la compatibilidad de la medida con el derecho comunitario en manos de los propios jueces españoles.
El Supremo ya rechazó paralizar la medida: "interés público"
No es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la regularización extraordinaria. El pasado 22 de marzo, la Sección Quinta de la Sala Tercera ya rechazó paralizar de forma cautelar el proceso. En su argumentación, los magistrados destacaron el "interés público" de la medida, así como el "sustrato humano" que la sustenta, al favorecer la integración de personas extranjeras en situación irregular. Además, señalaron que la regularización puede contribuir a reforzar la Seguridad Social, mejorar la recaudación tributaria, favorecer un mercado laboral más transparente y prevenir situaciones de explotación laboral. Una postura que ahora se reafirma al no querer someter la cuestión a la interpretación del TJUE.
Por otro lado, Artur Mas pide al TC actuar tras el fallo del TJUE y "meter en vereda a los tribunales díscolos españoles". El expresidente de la Generalitat de Catalunya ha solicitado este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) que intervenga tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Mas pretende que el TC "meta en vereda a los tribunales díscolos españoles", en referencia al Tribunal Supremo y al Tribunal de Cuentas.
