El Gobierno impone un 80% de renovables y frena la avalancha de peticiones
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dar un giro de 180 grados al pujante negocio de los centros de datos en España. Lo que hasta ahora era un sector en auge, llamado a ser pilar de la nueva economía digital, se enfrenta ahora a un aluvión de restricciones que buscan, según Moncloa, ordenar su crecimiento y garantizar su sostenibilidad. La última vuelta de tuerca llega con un real decreto que introduce exigencias sin precedentes, provocando ya las primeras alertas de inseguridad jurídica en las empresas del sector.
El 80% verde, la nueva exigencia
La principal novedad, y la que más ampollas está levantando, es la obligación de que cada nueva unidad de consumo eléctrico demandada por un centro de datos traiga consigo, al menos en un 80%, una nueva unidad de energía renovable. Esto significa que las empresas deberán asegurarse de que la mayor parte de su demanda energética provenga de fuentes limpias y, además, de generación nueva, no de la ya existente. El Ejecutivo, que ya tenía en tramitación otro real decreto sobre centros de datos que aún no ha visto la luz, insiste en que esta legislación no va contra el sector, al que considera un eje central de la nueva economía.
Controlar la avalancha de peticiones
Fuentes gubernamentales subrayan que no se trata de más requisitos, sino de ordenar el crecimiento del sector ante una avalancha de solicitudes de conexión eléctrica que supera con creces las necesidades reales y previsibles. La diferencia entre los gigavatios concedidos o solicitados y los que realmente se necesitan es abismal, según datos del propio Ejecutivo. Con esta medida, el Gobierno pretende controlar esta demanda desmedida y asegurar que el desarrollo de los centros de datos se alinee con los objetivos de sostenibilidad y soberanía digital.
Incertidumbre para las inversiones
Sin embargo, el sector no ve la jugada con buenos ojos. Los centros de datos han alertado sobre la inseguridad que genera esta nueva ley. La modificación de reglas para proyectos con permisos ya concedidos es un punto conflictivo que añade incertidumbre a las millonarias inversiones que se están realizando en España. Empresas como Iberdrola, que ya ha creado varias sociedades para competir en este mercado y con el foco puesto en compañías tecnológicas ‘hiperescalares’, se encuentran ahora en un escenario agitado. La exigencia de suministrar la infraestructura con electricidad verde, ya contemplada en normativas anteriores, se ve ahora reforzada y ligada a una exigencia de generación nueva que podría frenar el despliegue.
Un sector clave en jaque
El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca al negocio de los centros de datos, un sector clave para la economía digital y el almacenamiento de datos, que estaba experimentando un crecimiento exponencial en España. La consulta pública sobre este nuevo real decreto, diseñado para establecer estándares de eficiencia energética e hídrica de nivel ‘A’, marca un antes y un después. La fecha límite para la culminación de operaciones anunciadas para julio de 2025, y la obtención de aprobaciones regulatorias, se tiñen ahora de interrogantes ante el nuevo marco normativo. El Ejecutivo busca así un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad, pero el sector teme que el remedio sea peor que la enfermedad.