¡El Supremo aplasta al Gobierno vasco! Tumbaron su decreto de perfiles
¡Bomba judicial! El Tribunal Supremo ha dado un golpe demoledor al Gobierno vasco, confirmando la anulación de varios puntos clave de su decreto sobre perfiles lingüísticos. La Justicia ha puesto un muro infranqueable a la imposición del euskera a los trabajadores de empresas subcontratadas por la administración pública.
La Justicia, una vez más, ha frenado en seco los intentos del Ejecutivo autonómico por extender el uso del euskera más allá de lo razonable. El alto tribunal ratifica una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que dejaba en papel mojado aspectos de una resolución que buscaba imponer criterios lingüísticos en el ámbito laboral.
Este fallo judicial es un jarro de agua fría para las subcontratas, esas empresas privadas que se llevan las migajas de las adjudicaciones públicas. La sentencia es clara: limita drásticamente el nivel de exigencia lingüística que se les puede imponer, abriendo la puerta a una mayor flexibilidad y, sobre todo, a la sensatez.
El Tribunal Supremo, a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha declarado firme la decisión del TSJPV. El recurso, presentado por el sindicato CC OO, prosperó parcialmente contra una resolución del Ejecutivo de Iñigo Urkullu dictada en 2023.
El decreto que ahora sufre este revés establecía directrices generales para el uso del euskera y el castellano. Sin embargo, su ambición se extendía a las empresas privadas contratistas, generando una polémica que la Justicia ha zanjado de forma contundente.
La sentencia del Supremo tumba varias obligaciones impuestas a estas empresas. Se acabó el imponer requisitos lingüísticos desproporcionados a quienes solo buscan prestar un servicio. La Justicia ha limitado la exigencia para las subcontratas, evitando que se les apliquen las mismas reglas que a la propia administración.
En la práctica, esto significa que se anulan exigencias que obligaban a las adjudicatarias a acreditar que podían prestar el servicio en las mismas condiciones que la administración. Tampoco será obligatorio iniciar conversaciones en euskera ni encargar informes exclusivamente en esta lengua. Se acabó el uso y abuso del idioma como barrera contractual.
El TSJPV ya había advertido en sentencias anteriores que era improcedente exigir a empresas privadas un nivel de exigencia lingüística equiparable al de la Administración. Los magistrados han insistido en la proporcionalidad, invalidando puntos que ya habían sido anulados previamente. ¡La justicia impone cordura!