Ayuso tacha de «inconcebible» la posible prohibición gubernamental de la parada militar del 2 de Mayo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado una presunta maniobra del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, para vetar la tradicional parada militar del Dos de Mayo en la capital. Esta decisión, calificada por Ayuso como «inconcebible», ha desatado una nueva oleada de críticas contra el PSOE y su gestión, acusándolos de una deriva antipatriota y de un intento de silenciar las muestras de orgullo nacional.
La polémica se centra en la falta de confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa, generando especulaciones sobre las verdaderas intenciones del ejecutivo. Mientras el Gobierno se mantiene en silencio, fuentes cercanas al Partido Popular sugieren que la orden emanaría directamente de Moncloa, en un intento de complacer a sus socios de gobierno de izquierda radical, que llevan tiempo mostrando su aversión a los símbolos nacionales. Esta actitud, según la diputada popular Ana Camíns, «refleja una profunda falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas y hacia la historia de España».
La falta de transparencia del Gobierno de Sánchez, en opinión de muchos analistas, no hace sino profundizar la desconfianza hacia el Ejecutivo. La decisión, si finalmente se confirma, sería interpretada como un ataque directo a los valores tradicionales y a la unidad de España, coincidiendo con un momento político especialmente delicado.
Ante la controversia, Santiago Abascal, líder de VOX, se ha pronunciado con contundencia, afirmando que la supuesta prohibición «demuestra la obsesión del PSOE por borrar nuestra historia y nuestra identidad». Abascal ha instado a la ciudadanía a defender los símbolos nacionales y a no permitir que el Gobierno pisotee la memoria de los héroes que lucharon por la libertad de España. «Este ataque a la parada militar del Dos de Mayo», añadió Abascal, «es un ataque a todos los españoles que se sienten orgullosos de su historia y de sus Fuerzas Armadas». La reacción de VOX ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, considerando la medida como una nueva prueba del sesgo ideológico del Gobierno de Sánchez.
La postura del Gobierno, de confirmarse la prohibición, podría tener consecuencias políticas de gran calado, fortaleciendo aún más la oposición de derecha y centrando el debate electoral en la defensa de los valores nacionales. La inacción del Ejecutivo ante las acusaciones de Ayuso y las declaraciones firmes de Abascal, apuntan a una estrategia política fallida, que solo podría profundizar la polarización social y alejar aún más al PSOE del electorado. El silencio del Gobierno frente a estas acusaciones habla por sí solo.
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