Despidos improcedentes sacuden a la hípica y a un empleado que compitió de baja

Un giro inesperado en los tribunales españoles pone en jaque a entidades deportivas y empresas. La justicia ha dictaminado la improcedencia de despidos en casos que involucran desde una monitora de hípica hasta un empleado público que participó en una prueba deportiva mientras disfrutaba de una baja médica. Las sentencias, que obligan a indemnizaciones o readmisiones, subrayan la importancia de los procedimientos legales y la correcta aplicación de la normativa laboral.

Justicia corrige cómputo de salario en especie a monitora de hípica

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha emitido un fallo crucial que modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido improcedente. En concreto, se ha corregido la deducción del salario en especie aplicada a una monitora de equitación, incrementando la cantidad que debe abonar el club hípico. La profesional, que trabajaba en un club de Munguía con contrato indefinido, recurrió su despido por causas objetivas.

La controversia principal radicaba en la valoración de los 190 euros mensuales abonados en especie como parte de su salario. El TSJ ha ajustado la forma en que se computan estas cantidades, elevando la deuda final del club. Este caso pone de manifiesto la complejidad de los cálculos indemnizatorios y la necesidad de una aplicación rigurosa de la ley.

Imprudencia en baja: Despido improcedente de un empleado público

En otro sonado caso, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado la improcedencia del despido de un empleado de la empresa pública Avante. El trabajador fue cesado por participar en una carrera combinada de fitness indoor mientras se encontraba en situación de incapacidad temporal por motivos físicos y psicológicos.

Sin embargo, la sala ha considerado que su participación en la prueba deportiva contaba con el aval de su médico y fisioterapeuta, quienes le recomendaron la actividad física como parte de su recuperación. El empleado, que desempeñaba tareas administrativas, había iniciado varias bajas médicas a lo largo de 2023 y 2024, lo que motivó su cese. La decisión judicial subraya que la práctica de ejercicio terapéutico, bajo supervisión médica, no es motivo justificado para un despido.

Ayuntamiento de Madrid y los contratos temporales: un despido improcedente

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado contra el Ayuntamiento de Madrid, confirmando el despido improcedente de una trabajadora. Tras encadenar 17 contratos temporales en ocho años, desempeñando funciones de socorrista y monitora deportiva, la justicia considera que debía ser considerada empleada indefinida. La sentencia obliga al consistorio a indemnizarla con más de 32.000 euros o a readmitirla.

El fraude laboral se pone de manifiesto en la continua sucesión de contratos con distintas denominaciones, a pesar de las interrupciones mínimas entre ellos. El Ayuntamiento argumentó la correcta aplicación de las normativas, pero el tribunal desestimó sus pretensiones, evidenciando la precariedad y el abuso de la temporalidad en la administración pública.

Incidente con vecina no justifica despido improcedente

En Baleares, el TSJIB ha declarado improcedente el despido de un obrero cualificado que insultó a una vecina. El trabajador llamó “boba” a una mujer que protestaba por el ruido de una obra. Tanto el juzgado de lo Social como el tribunal han considerado que el incidente no revestía la gravedad suficiente para justificar un despido disciplinario.

Este caso, junto a otro incidente con compañeros, fue el detonante del cese. La justicia, sin embargo, considera que llamar “boba” a una vecina, aunque sea una falta de respeto, no alcanza la categoría de falta muy grave que justifique la máxima sanción.

Impacto de sentencias sobre despidos improcedentes

Estas resoluciones judiciales, que abarcan diferentes ámbitos del mundo laboral y deportivo, envían un mensaje contundente: la correcta aplicación de la legislación laboral es fundamental. Los despidos improcedentes no solo conllevan costes económicos para las empresas y administraciones, sino que también evidencian la necesidad de revisar y adecuar las prácticas de contratación y gestión de personal. La justicia actúa como garante de los derechos de los trabajadores, corrigiendo abusos y sentando precedentes importantes para el futuro del empleo.