¡BOMBAZO! La Asociación de Fiscales destapa el ‘dedazo’ y demanda a España en Europa
¡GOLPE EN LA MESA! La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y más influyente del Ministerio Público, ha lanzado una ofensiva sin precedentes que sacude los cimientos del sistema judicial español. Han demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la forma escandalosa en que se designan los altos cargos de la Fiscalía: a dedo y priorizando la ideología sobre la capacidad.
El 'dedazo' que llega a Europa
La AF considera que la discrecionalidad en los nombramientos de la cúpula fiscal, avalada según ellos por el Tribunal Constitucional (TC), es una vulneración flagrante del principio de igualdad y acceso a cargos públicos. El detonante ha sido el caso del fiscal Eduardo Esteban Rincón, cuyo nombramiento como fiscal de sala coordinador de Menores en 2022 fue anulado por el Tribunal Supremo por falta de méritos.
Sin embargo, el TC revocó las sentencias del Supremo, argumentando una supuesta vulneración del derecho fundamental de acceso a cargos públicos. Para la asociación de fiscales, esta decisión es una coartada para blindar el control político en la Justicia y perpetuar el 'dedazo'. Las resoluciones del TC, lejos de garantizar la independencia, han reforzado la discrecionalidad del Fiscal General del Estado.
La crítica de la AF: "Barra libre" para la afinidad ideológica
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha sido clara: «Hemos llegado a un punto donde la discrecionalidad se ha convertido en barra libre, y eso es inaceptable para la independencia del Ministerio Público». La denuncia ante el TEDH pone de manifiesto una «clara vulneración» del artículo 14 de la Constitución española, que consagra el principio de igualdad.
La AF sostiene que las sentencias del TC otorgan una libertad casi absoluta para elegir candidatos en la justicia, relegando los principios de mérito y capacidad. Esto abre la puerta a que el Gobierno de turno coloque a afines en puestos clave sin justificación de idoneidad. Un órdago mayúsculo al sistema judicial español que cuestiona la objetividad de la Fiscalía General del Estado.
La decisión de llevar el caso a Estrasburgo subraya la gravedad de la situación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ahora la palabra. Su dictamen podría forzar a España a una profunda reforma del sistema de designación de fiscales, marcando un antes y un después en la lucha por la independencia judicial.
