Política

¿Qué pasará con Puigdemont y Junqueras? La clave, en Europa

La justicia europea está a punto de dar un golpe sobre la mesa que podría reescribir el futuro judicial de los líderes independentistas catalanes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se encuentra en la recta final para emitir su fallo sobre la controvertida Ley de Amnistía, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en mayo de 2024. Esta decisión, largamente esperada, determinará si figuras clave como el expresidente Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueden regresar a España sin temor a ser detenidos o si su exilio y sus condenas de inhabilitación se perpetúan.

La sentencia del TJUE, que se espera para los próximos meses de mayo o junio, es crucial. De ella depende, en gran medida, la posibilidad real de que Puigdemont pueda volver a España sin ser arrestado y que Junqueras vea levantada su inhabilitación, una consecuencia que el indulto parcial concedido por el Ejecutivo no resolvió y que le mantiene apartado de la política hasta 2031. El optimismo en el independentismo y en el seno del Gobierno de coalición se disparó tras el aval del abogado general del TJUE, Dean Spielmann, a la parte esencial de la ley, interpretado como un indicio de la línea que seguirán los jueces de Luxemburgo.

Puigdemont y Junqueras: ¿El regreso es inminente?

La resolución del TJUE no es un mero trámite. Su fallo tendrá un impacto directo en la aplicación práctica de la Ley de Amnistía por parte de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo. Este último, que fue el encargado de juzgar a los líderes del 'procés', podría verse obligado a acatar la interpretación europea, allanando el camino para el regreso de Puigdemont y la readmisión de Junqueras en la arena política. La posibilidad de que el Supremo plantee nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE, buscando una nueva vuelta de tuerca a la ley, no se descarta, añadiendo incertidumbre al proceso.

Fuentes judiciales cercanas al Tribunal Supremo han alertado sobre lo que consideran «movimientos» y «recados» dirigidos al TJUE desde España. Estos supuestos intentos de presión buscan, según estas fuentes, influir en la decisión final del tribunal luxemburgués. La estrategia de España, defendida en Bruselas, se centra en argumentar que la ley es un asunto de política nacional, avalado por el Tribunal Constitucional, y que no compete a los tribunales europeos inmiscuirse en cuestiones que no afectan directamente a las políticas de la UE.

La Tensión SubE: ¿Presiones a Luxemburgo?

La tensión es palpable mientras se acerca la fecha del fallo. El Tribunal Constitucional ya emitió su propio dictamen, dejando en manos del Tribunal Supremo la decisión final sobre los efectos de la norma en los casos de Puigdemont y Junqueras. El borrador de la sentencia del TC, que avala la ley en sus aspectos esenciales, considera que la aplicación concreta corresponde a los jueces ordinarios, como el magistrado Pablo Llarena para el caso Puigdemont, y al tribunal presidido por Manuel Marchena para el caso Junqueras. Sin embargo, la interpretación del Supremo sobre si la amnistía debe aplicarse a los líderes del 'procés' sigue siendo una incógnita.

La resolución del TJUE, que será la última en relación con este asunto, podría zanjar debates y cerrar capítulos judiciales. Aunque en el pasado la justicia europea ya se pronunció sobre la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y otros exeurodiputados, aquella sentencia, que afectaba a la pérdida de su escaño en el Parlamento Europeo, ya carecía de efectos prácticos directos para el expresidente, al no ser eurodiputado y ocupar un escaño en el Parlament de Catalunya. Ahora, el foco está puesto en la aplicación de la sentencia TJUE amnistía qué consecuencias tendrá.

Del Congreso al TJUE: El Largo Camino de la Amnistía

La Ley de Amnistía ha recorrido un largo camino desde su aprobación en el Congreso, superando votaciones y enmiendas, y obteniendo el aval del Tribunal Constitucional. Su paso por el TJUE es la última estación antes de su plena efectividad. La esperanza del independentismo y del Gobierno es que la sentencia europea confirme la legalidad de la norma y permita dar carpetazo a las causas judiciales derivadas del 'procés', facilitando el retorno de los exiliados y la reinserción política de figuras clave. Los actores políticos españoles estarán muy pendientes de este desenlace, que podría marcar un antes y un después en la política catalana y española.

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