La exmilitante socialista que ofrecía pactos con Fiscalía y datos de Marchena
La figura de Leire Díez, exmilitante socialista, emerge como un elemento clave en una trama que buscaba, presuntamente, negociar pactos con la Fiscalía General del Estado para obtener información sensible, incluyendo datos sobre el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Según revelan informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Díez habría ofrecido al excomisario José Manuel Villarejo explorar esta vía, llegando incluso a prometerle una reunión con el entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. La información, desvelada por varios medios, apunta a una supuesta capacidad de "las cloacas del PSOE" para influir en las altas esferas del Ministerio Público.
Los detalles de esta operación, que se investigan en el marco del caso Leire bajo la instrucción del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, sugieren que Leire Díez actuó como intermediaria en febrero de 2025. En mensajes dirigidos al abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, Díez habría asegurado que se había conseguido que el letrado del comisario mantuviera una reunión con "el FGE", en referencia directa a Álvaro García Ortiz. Esta oferta de pacto no se limitaba a Villarejo; también se extendió al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, implicado en el caso Kitchen.
La influencia socialista en el Ministerio Público
Los informes de la UCO, que forman parte del sumario judicial, ponen de manifiesto la supuesta "capacidad demostrada" de las estructuras vinculadas al PSOE para acceder a la Fiscalía. Los agentes de la Guardia Civil señalan que, desde una "posición estratégica y capacidades", esta supuesta organización consideraba fundamental su acceso a la Fiscalía, e incluso "aparentemente, al propio Fiscal General del Estado", en aquel momento Álvaro García Ortiz. Las comunicaciones intervenidas sugieren que la cercanía a la cúpula fiscal podría ser un elemento determinante para "que el presidente directamente me adore", según se desprende de una de las declaraciones atribuidas a "la fontanera de Ferraz", en referencia a las operaciones políticas orquestadas desde la sede del partido.
La UCO destaca la habilidad de Leire Díez para establecer canales de comunicación directos e incluso mantener encuentros presenciales en la sede de la Fiscalía General del Estado. Estos encuentros, que se habrían producido entre marzo y mayo de 2025, habrían tenido como objetivo principal negociar acuerdos favorables para personas investigadas en causas de gran relevancia mediática y judicial. Entre los nombres que suenan en estas negociaciones se encuentran el del propio José Manuel Villarejo, Francisco Martínez, y otros implicados en tramas como la de los hidrocarburos, como José Norberto Uzal o Claudio Rivas.
El objetivo: información y "cosecha" judicial
El informe policial detalla cómo Leire Díez orquestó un acercamiento a la Fiscalía después de que el abogado de Villarejo hubiera intentado sin éxito contactar con el fiscal anticorrupción. La exmilitante socialista, según la cobertura disponible, confiaba en que un mínimo apoyo por parte del fiscal general permitiría "empezar a recoger cosecha". Las expectativas de Díez no se limitaban a obtener información sobre el juez Marchena, sino que también buscaba "grabaciones explosivas" de figuras como Marchena, Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo. Todo ello, en un contexto donde se buscaba superar "obstáculos" relacionados con el Tribunal Supremo y "culminar con éxito el tema de la amnistía", según se recoge en documentos guardados en su portátil.
Si el fiscal general apoya un mínimo creo que podemos empezar a recoger cosecha». Uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que forma parte de la causa de las cloacas pone de manifiesto la capacidad de influencia de Leire Díez con las altas esferas del Ministerio Público. La exmilitante logró abrir canales de comunicación directos e incluso mantener reuniones presenciales en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el mandato de Álvaro García Ortiz. Estos encuentros, que se habrían producido entre marzo y mayo de 2025, tendrían como objetivo negociar acuerdos a favor de investigados en causas de gran calado mediático y judicial que incluían al excomisario José Manuel Villarejo, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y a implicados en la trama de los hidrocarburos, en concreto a José Norberto Uzal o Claudio Rivas.
La complejidad de estas supuestas negociaciones y la capacidad de influencia que se atribuye a Díez y a las estructuras del PSOE plantean serias interrogantes sobre la integridad de los procesos judiciales y la independencia de las instituciones. La investigación en curso busca esclarecer el alcance real de estas operaciones y determinar las responsabilidades de los implicados en un entramado que, de confirmarse, podría tener profundas implicaciones en la política y la justicia españolas.
