Vox planta cara a Guardiola y rechaza firmar contra la LGTBIfobia en Extremadura
El gobierno de coalición en Extremadura, formado por el Partido Popular y Vox, ha sacudido los cimientos con su primer gran desencuentro. Los dos consejeros de Vox en el Ejecutivo autonómico se han negado a estampar su firma en una declaración institucional promovida por el Consejo de Gobierno contra la LGTBIfobia. Un gesto que evidencia las profundas grietas ideológicas que separan a populares y ultras, apenas unas semanas después de conformar el Ejecutivo.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha visto cómo su intento de presentar un frente unido contra la discriminación quedaba fracturado por la oposición de sus socios. La declaración, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, buscaba expresar el compromiso de la Junta con los derechos LGTBI y visibilizar la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Sin embargo, la negativa de los consejeros de Vox ha eclipsado la iniciativa, generando un clima de tensión palpable.
El pacto de gobierno, en jaque
Fuentes del gobierno regional intentan minimizar el incidente, calificándolo de "diferencias normales" dentro de un ejecutivo formado por dos partidos con sensibilidades distintas. La consejera portavoz, Elena Manzano (PP), ha asegurado que ambos partidos asumen estas discrepancias "con normalidad" y apelan a la "lealtad institucional" y al cumplimiento de los acuerdos. "Somos un solo gobierno, pero este gobierno está formado por dos partidos políticos, lo que implica respetar las diferencias ideológicas de ambos", ha declarado Manzano en rueda de prensa, intentando apaciguar los ánimos.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno es otra. La negativa de Vox a suscribir un texto que defiende los derechos LGTBI pone de manifiesto la brecha ideológica que el PP de Guardiola parece haber subestimado al sellar el pacto de gobierno. Mientras los populares buscan proyectar una imagen de moderación y transversalidad, Vox mantiene su agenda ultraconservadora, chocando frontalmente con los principios de igualdad y no discriminación.
Polémica por pruebas de edad a migrantes
Este desencuentro se suma a la polémica generada por la propuesta de Vox de realizar pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Extremadura. La presidenta Guardiola ha defendido públicamente la necesidad de estas pruebas, argumentando que "la protección de verdad depende de algo muy sencillo, que ninguna plaza que está pensada para un niño la ocupe quien no lo es". Si bien ha reconocido que estas pruebas "se han venido haciendo cada vez que ha habido dudas sobre su condición de menores y siempre que lo autorice la Fiscalía", su respaldo a la iniciativa de Vox ha sido interpretado por la oposición como una cesión a la agenda migratoria de la extrema derecha.
La líder de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado la medida de "racista" y ha acusado al PP y a Guardiola de "asumir el discurso ultra" con "miseria partidista". La izquierda y el PSOE han criticado duramente la postura del gobierno autonómico, señalando que el sistema de protección de menores no está "al límite" y que estas pruebas son una "sinvergüencería" contraria a la dignidad humana.
Tensión por el reparto de menores migrantes
La Junta de Extremadura, con el respaldo de Vox, también ha elevado el tono contra el Gobierno central por el reparto de menores migrantes no acompañados. El vicepresidente y líder de Vox en la región, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que se estudiarán "acciones judiciales" para exigir responsabilidades al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, por la derivación de menores a la comunidad de forma "no voluntaria". Fernández sostiene que la llegada de estos menores está llevando "al límite" al sistema regional de protección.
Este pulso con el Ejecutivo de Sánchez, impulsado por Vox, añade una nueva capa de complejidad a la ya tensa relación dentro del gobierno extremeño. La postura de Guardiola, que defiende las pruebas de edad pero matiza su aplicación, evidencia la difícil posición en la que se encuentra, intentando equilibrar las demandas de sus socios de extrema derecha con las responsabilidades de gobierno y las presiones de la oposición.
La legislatura en Extremadura acaba de empezar, pero las diferencias entre PP y Vox ya marcan el paso. La negativa a firmar contra la LGTBIfobia y la polémica sobre los menores migrantes son solo el preludio de los desafíos que aguardan a María Guardiola al frente de un gobierno donde la coalición parece pender de un hilo cada vez más fino.
