Mercedes González (Guardia Civil), imputada por las ‘cloacas del PSOE’
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un paso contundente en la investigación de las 'cloacas del PSOE' al acordar la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del mismo cuerpo, Manuel Llamas. La decisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, señala a ambos altos mandos por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, añadiendo una nueva dimensión a una trama que no deja de crecer.
El cerco judicial se estrecha sobre la cúpula de la Guardia Civil
La trama de las 'cloacas del PSOE' ha ido revelando nombres clave, desde la exmilitante Leire Díez hasta el exsecretario de Organización Santos Cerdán, pasando por la gerente federal Ana María Fuentes o el exdirigente Gaspar Zarrías. Ahora, la atención se centra en la imputación a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y a su número dos, Manuel Llamas. Según la cobertura judicial disponible, el general al mando de la Jefatura de Información de la Benemérita declaró ante el juez Pedraz que trasladó una nota a González al recibir información sobre una operación orquestada para desacreditar a la UCO y al teniente coronel Antonio Balas. A pesar de haber negado previamente conocer a Díez, González se habría reunido con ella en hasta tres ocasiones tras recibir dicha información, calificada como "fiable" por el general.
Delitos y jurisprudencia en la causa
La petición de Anticorrupción se fundamenta en la existencia de indicios de tráfico de influencias. La Fiscalía considera que las acciones de González y Llamas podrían encajar en los delitos de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y obstrucción a la justicia (artículo 464 CP). La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece la obligatoriedad de conceder el suplicatorio cuando se trata de hechos que pueden constituir delitos comunes, podría ser un elemento a tener en cuenta en futuros desarrollos del caso.
El PSOE, bajo la lupa judicial
Aunque los elementos recopilados hasta la fecha no suponen, por sí solos, que el PSOE vaya a ser investigado como persona jurídica, la investigación sí describe una presunta utilización de la estructura del partido. La decisión final sobre si la formación socialista será llamada a declarar como investigada recae exclusivamente en el juez instructor. La extensión de la imputación a personas jurídicas, que en un principio solo afectaba a empresas, se ha ampliado en el Código Penal a sindicatos y partidos políticos, abriendo una puerta que el juez deberá valorar.
Contexto político y advertencias de juristas
Este giro judicial se produce en un momento de considerable efervescencia política. A pesar de la euforia que ha generado en el Gobierno la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, juristas como Enrique Gimbernat advierten de que Carles Puigdemont "no debería apresurarse a hacer las maletas para regresar" a España. "Es absolutamente espantoso que el PSOE montara y financiara la red de la fontanera Leire Díez, para perseguir a los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan la corrupción del entorno de Pedro Sánchez", señala Gimbernat, subrayando la complejidad y las ramificaciones de los procesos en curso.
La citación de Mercedes González y Manuel Llamas como investigados marca un nuevo hito en el caso de las 'cloacas del PSOE'. La decisión del juez Santiago Pedraz eleva la presión sobre la cúpula de la Guardia Civil y pone de relieve la intrincada red de supuestas influencias y obstrucciones que la justicia intenta desentrañar.
Enrique Gimbernat: "La imputación del PSOE está al caer, por el caso de la Fontanera o por la financiación irregular". Pese a la euforia con la que el Gobierno ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, Carles Puigdemont no debería apresurarse a hacer las maletas para regresar a España. Al menos, es el consejo que le brinda uno de los más prestigiosos juristas de nuestro país, Enrique Gimbernat Ordeig (Sevilla, 1938): que no escuche el último exabrupto del ministro Óscar Puente.
