Almudena Lastra planta cara a Peramato y recurre al Supremo el nombramiento del Fiscal General de Madrid
La Fiscalía General del Estado se enfrenta a un nuevo frente judicial. La fiscal Almudena Lastra, quien fuera durante cinco años Fiscal Superior de Madrid, ha decidido llevar al Tribunal Supremo la decisión de la fiscal general, Teresa Peramato, de no renovarla en el cargo. Lastra impugna directamente el Real Decreto que designó a María Isabel Martín López como su sucesora al frente de la Fiscalía madrileña, un movimiento que promete reavivar las tensiones internas en el Ministerio Público.
El recurso, presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, se produce tras la propuesta de Peramato el pasado 30 de abril para nombrar a Isabel Martín. Martín, que ha formado parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía desde 2018, fue destacada por Peramato por su "alto nivel de competencia técnica" y su plan para "transformar la Fiscalía Superior de Madrid". La designación supuso el cese de Lastra, una fiscal que cobró notoriedad por su testimonio en el juicio contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos.
Un pulso con ecos del pasado
La decisión de Peramato de no renovar a Lastra fue interpretada por muchos en la carrera fiscal como una posible represalia por su actuación en el caso García Ortiz. Lastra declaró como testigo de cargo, un testimonio que, según algunas fuentes, apuntaló la acusación contra el exfiscal general. Ahora, su recurso ante el Supremo pone de manifiesto las profundas divisiones que han marcado la cúpula fiscal en los últimos tiempos, un escenario de conflicto que precede incluso al proceso judicial contra García Ortiz.
El escrito de Lastra se dirige contra el Real Decreto de nombramiento de Isabel Martín. Si bien la argumentación completa se presentará una vez la administración facilite el expediente, el anuncio de la demanda ya ha sido registrado en el Alto Tribunal. Este movimiento judicial añade una nueva capa de complejidad a la ya de por sí delicada situación en la Fiscalía, donde las decisiones de nombramiento y cese son escrutadas con lupa.
El PSOE aviva la llama en el frente judicial
Paralelamente, el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por presunta revelación de secretos. Los socialistas basan su petición en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general García Ortiz, criticando la falta de conservación de correos electrónicos que podrían haber probado su versión de los hechos. Este frente judicial, que vincula la revelación de secretos a la actuación de altos cargos y fiscales, se entrelaza con el debate sobre la transparencia y la actuación de las instituciones.
La jueza Raquel Robles había archivado la investigación contra Rodríguez sin tomar declaración a los policías implicados. Sin embargo, el PSOE apela a la condena de García Ortiz para argumentar que la no conservación de pruebas y la posterior difusión de datos sensibles, como los de dos periodistas, requieren una nueva investigación. El caso pone el foco en la relación entre el poder político y la información sensible, y en cómo las decisiones de la Fiscalía pueden tener repercusiones directas en la arena política y judicial.
El PSOE recupera la condena al fiscal general para recurrir el archivo a Miguel Ángel Rodríguez: "Ha borrado mensajes".
La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas a los que previamente habían identificado en la calle.
Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso. Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según la versión facilitada, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete.
