El tsunami judicial amenaza su trono
Isabel Díaz Ayuso ha cumplido siete años al frente de la Comunidad de Madrid, afianzada en la cima de su poder político. Cuando fue investida presidenta el 14 de agosto de 2019, necesitó los votos de Ciudadanos para sacar adelante un gobierno de coalición que ya entonces se aventuraba convulso. Siete años después, ha fagocitado a la ya extinta formación naranja, ha reducido a Vox –socio indispensable en los comicios del 2021– a la irrelevancia y consiguió en el 2023 una mayoría absoluta que le permite gobernar sin negociar con nadie. Su figura parecía inexpugnable, blindada por una mayoría absoluta contundente.
Pero este nuevo curso político dibuja un escenario distinto. A pesar de su poder institucional, Ayuso muestra señales de desgaste. Su mayoría absoluta y la hegemonía del PP no peligran, pero su fórmula política, antes resiliente, parece encontrar límites. Por primera vez, la presidenta madrileña se topa con barreras a su estrategia, y el blindaje político que parecía infranqueable comienza a resquebrajarse.
El tablero judicial devora la política
Las disputas políticas en Madrid han mutado. Han abandonado la Asamblea regional para instalarse en los tribunales. Una triple pinza judicial rodea ahora la gestión de Ayuso y su círculo íntimo. El desenlace de estos frentes judiciales dictará si el blindaje político de la presidenta empieza a resquebrajarse. El segundo eje de vulnerabilidad afecta directamente al núcleo íntimo de la presidenta madrileña.
Nuevos frentes judiciales sacuden el inicio de curso
El frente judicial más reciente estalló con fuerza hace apenas dos semanas. Salió a la luz la polémica adquisición de un inmueble de lujo de 483 metros cuadrados en la capital por parte de la empresa pública Planifica Madrid. La entidad desembolsó 6,3 millones de euros con el argumento inicial de habilitar una oficina temporal para la presidenta mientras se ejecutaban obras de reforma en la sede de la Comunidad en la Real Casa de Correos. Este escándalo se suma a la causa penal que dirige el Juzgado de Instrucción número 19 por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, derivados de un presunto desvío fraudulento que supera los 350.000 euros mediante el uso de facturas falsas y sociedades pantalla.
La estrategia de confrontación con Pedro Sánchez fue un pilar para proyectar a Ayuso como referente nacional de la derecha. Cuestiones como la gestión de las residencias o las polémicas de su entorno quedaban diluidas en un debate mayor sobre el sanchismo, los impuestos o el modelo territorial. Sin embargo, el salto de estas cuestiones a los tribunales parece haber alterado la dinámica, generando un desconcierto que ha llegado incluso dentro del PP. Un viaje oficial terminó antes de lo previsto después de que Ayuso denunciara haber sentido miedo y haberse encontrado desprotegida, un episodio que generó sorpresa incluso en las filas populares.
La dirigente madrileña encara el próximo curso bajo presión judicial. «Todavía no he entendido lo de Ayuso y el ático», admitió en una entrevista en El País la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, la única que se ha atrevido a opinar en público por el momento, evidenciando la incomodidad que generan estos frentes incluso dentro de su propio partido. Al mismo tiempo, la pareja de Ayuso puso a la venta sus dos viviendas en el mismo barrio por 3,3 millones de euros, una operación que añade contexto a las investigaciones sobre su entorno económico.
