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Makoke y Kiko Matamoros: La Fiscalía pide cárcel por ocultar más de un millón a Hacienda

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La sombra de la justicia se cierne sobre Kiko Matamoros y su exmujer, Makoke. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión para ambos, que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid la próxima semana para responder por un presunto entramado diseñado para ocultar patrimonio y eludir deudas millonarias con la Agencia Tributaria. La petición del Ministerio Público es contundente: cinco años y medio de cárcel para Matamoros y cuatro para Makoke, a quien considera cooperadora necesaria en el supuesto delito.

El caso se centra en una presunta ocultación de bienes y fondos que, según las acusaciones, se inició en 2009. El objetivo, según el escrito fiscal, no era otro que evitar que Hacienda pudiera embargar los bienes del conocido colaborador televisivo, a pesar de que sus ingresos habrían sido, presuntamente, suficientes para hacer frente a sus obligaciones fiscales. Este supuesto plan habría implicado la ocultación tanto de ingresos como de propiedades, recurriendo a la colaboración de terceros y a la creación de distintas sociedades para canalizar el dinero.

Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2014, una etapa de intensa actividad mediática para Matamoros, tanto en televisión como en la prensa del corazón, la Fiscalía sostiene que los ingresos del colaborador se habrían desviado a través de empresas como Salto Mortal o Silla del Ring. Además, se apunta al uso de intermediarios para recibir pagos que, posteriormente, le habrían llegado a él, dificultando su rastreo por parte de las autoridades fiscales. Este método habría sido clave para mantener oculto su patrimonio.

La petición de cárcel no viene sola. La Fiscalía también reclama el pago de importantes multas económicas: 33.000 euros para Kiko Matamoros y 30.750 euros para Makoke. A estas sanciones se suma una reclamación de indemnización conjunta a Hacienda por valor de 471.900 euros, cifra que podría incrementarse considerablemente. Y es que, adicionalmente, se reclama a Matamoros el abono de otros 636.697 euros por un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes, elevando el montante total en disputa a cifras que superan con creces el millón de euros.

El caso también pone el foco en operaciones inmobiliarias conjuntas. Según detalla la acusación, en 2011, la pareja adquirió una vivienda en la exclusiva zona de Pozuelo. Esta adquisición, realizada mientras supuestamente se orquestaba la ocultación de patrimonio, podría ser uno de los elementos clave para demostrar el presunto fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid será la encargada de dirimir las responsabilidades y determinar si existen pruebas suficientes para condenar a ambos por estos graves delitos económicos.

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