Fernando Simón ¿Doctor Fraude?

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo, ha cargado con dureza en Es la Noche de Dieter contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, del que ha pedido “que nadie le llame doctor Simón porque no ejerce como tal” y que “ha demostrado su total incapacidad para ejercer cualquier cargo de responsabilidad profesional y sería urgente cambiarlo”. Pueden leerlo con todo lujo de detalle en Libertad Digital.

Esta cuestión es de capital importancia por las graves implicaciones judiciales que tiene.

Si se lee el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 podrá comprobar que la razón que lo motiva tiene que ver con la (protección de / preservar) la salud pública, lo que es una cuestión de ciencia relacionada con la medicina, por lo que cualquier otra consideración que no tenga que ver con la Medicina, nos situaría en una ilegalidad.

En el ejercicio de la ciencia/ profesión, los colegios profesionales, tienen encomendada la tarea de preservar los derechos que están en juego en el ejercicio de la profesión, siendo estos derechos de diferente ponderación, dependiendo de cuál sea la naturaleza de dicho derecho. En el caso de la medicina, los derechos que están en juego son los de la integridad física e integridad psicológica, ambos protegidos por la Constitución Española. En este caso, son los Colegios Oficiales de Médicos los encargados en velar por el correcto ejercicio de la Medicina para preservar los derechos fundamentales mencionados.

Por lo tanto, ante la pegunta de quien garantiza que las medidas que están siendo tomadas desde el mes de marzo son las adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, en detrimento de otros derechos fundamentales como el de libertad de movimiento.

Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Estado de Alarma, por entender que, en defensa del derecho a la salud, se sacrificaban derechos fundamentales que el estado de Alarma no podía suspender. Ahora, el motivo que se esgrimía, ha quedado difuminado, pues aunque la pretensión sea la de preservar la salud, ahora nos enteramos de que nadie legalmente habilitado para hacerlo, está tomando decisiones en nombre de la defensa de la salud, dejando todo el sistema de garantías constitucionales haciendo aguas.

El motorista Fernando Simón, que todos creíamos que ejercía de doctor, de forma legal, con independencia de sus aciertos y desatinos, creíamos que lo hacía siguiendo los mecanismos legales que garantizaban a los ciudadanos, el correcto ejercicio de la medicina. Ahora ha quedado evidenciado que no es así, y que todas las decisiones han sido tomadas sin garantía  alguna de que se estuviera ejerciendo la medicina de forma respetuosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea que, con la gestión del Covid-19, nos hemos cargado el Estado de Derecha y el Fernando Simón es un motorista que nos hace creer que piensa y actúa como médico cuando lo hace como político, motivo por cuál, el Colegio Oficial de Médicos, no puede entrar a valorar su actuación política, ya que sólo puede hacerlo cuando actúa como médico, que según dicho Colegio Oficial, no es el caso. Todo parece indicar que Fernando Simón nos ha inducido a engaño, al hacerse creer que actuaba como doctor, cuando en realidad, el motorista Fernando Simón, actuaba como político, sin que haya advertido que aunque su titulación era de doctor, no estaba ejerciendo como tal.

¿Estamos ante un caso de fraude a la ciudadanía en materia de salud y vulneración institucional de derechos fundamentales al poner al frente de la dirección de la pandemia a un político con apariencia de doctor que no ejerce como tal?

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