¡Paso atrás! Notarios destapan la ‘trampa’ del Gobierno para blanquear
El Consejo General del Notariado ha lanzado una seria advertencia al Gobierno español sobre la reforma de la Ley de Integridad Pública. Los profesionales consideran que los cambios previstos, diseñados para simplificar la transmisión de acciones de empresas, podrían debilitar gravemente los mecanismos de control contra el blanqueo de capitales y la corrupción, calificándolo de "paso atrás" en seguridad jurídica y transparencia.
Choque frontal Gobierno-Notariado: ¿Adiós a los controles?
La propuesta legislativa del Ejecutivo ha provocado un choque frontal con el Consejo General del Notariado. Los notarios denuncian que las modificaciones planteadas reducen su papel en determinadas operaciones societarias, erosionando uno de los sistemas preventivos más eficaces contra el fraude fiscal y los delitos económicos. Durante décadas, el colectivo ha actuado como una primera línea de control, identificando a los verdaderos titulares de las operaciones y comunicando movimientos sospechosos a las autoridades competentes.
El crimen se frota las manos: el riesgo de debilitar la lucha contra el fraude
Según explican desde el sector, la intervención notarial es crucial para identificar a los intervinientes, verificar quién está detrás de cada empresa y detectar posibles movimientos sospechosos vinculados a actividades ilícitas. Esta información se integra en los sistemas de prevención del blanqueo y es utilizada por jueces, fiscales y unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Gracias a los notarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces y fiscales conocen en tiempo real quién es el propietario real", afirma Pedro Galindo, director del Centro de Prevención del Blanqueo de Capitales. La objeción principal radica en la posibilidad de que operaciones de compraventa de acciones puedan realizarse mediante documentos privados y firma digital, sin la intervención notarial previa, lo que podría abrir grietas en la vigilancia de los delitos económicos.
La Ley de Integridad Pública, en el punto de mira
La Ley Orgánica de Integridad Pública, impulsada por el Ministerio de Hacienda y aún en fase de anteproyecto, busca mejorar la prevención, las sanciones y la recuperación de recursos públicos. Sin embargo, un precepto específico ha encendido las alarmas. El artículo 13 del anteproyecto, que plantea la modificación de la ley de sociedades de capital para regular la transmisión de participaciones sociales, es el foco de la controversia. Los notarios advierten de que sustituir sus controles por procedimientos más ágiles pero menos garantistas puede facilitar el ocultamiento patrimonial y el uso de sociedades pantalla.
Seguridad jurídica y transparencia en jaque
La reforma, según las críticas del Consejo General del Notariado, supone un "paso atrás" en materia de seguridad jurídica y transparencia. La agilidad administrativa defendida por el Gobierno choca con la alerta de los notarios sobre el desmantelamiento de una herramienta esencial para rastrear operaciones vinculadas al blanqueo y al fraude. La preocupación se extiende a la posible dilución de la identificación de beneficiarios reales, un pilar fundamental en la lucha contra el crimen económico a nivel nacional e internacional.
La tensión entre el Gobierno y el colectivo notarial pone de manifiesto la complejidad de equilibrar la simplificación administrativa con la rigurosidad necesaria para mantener a raya la corrupción y el blanqueo de capitales. El Ejecutivo deberá responder a estas contundentes advertencias antes de que la reforma legislativa siga avanzando, arriesgándose a debilitar pilares clave en la defensa de la integridad económica.
