Teresa Peramato fulmina a críticos de García Ortiz y asciende a sus afines en la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Teresa Peramato, ha ejecutado este jueves una inesperada y controvertida propuesta de nombramientos que fulmina a los críticos de Álvaro García Ortiz y eleva a sus aliados. Esta decisión, que ha generado un notable revuelo en el Ministerio Fiscal, aparta de su puesto a Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid que se enfrentó directamente a García Ortiz, y consolida a figuras afines a su antecesor, condenado por el Tribunal Supremo.
La fiscal general Teresa Peramato anunció la propuesta de nombramiento de 22 altos cargos del Ministerio Fiscal tras escuchar al Consejo Fiscal y evaluar a los 60 aspirantes. Entre las designaciones más destacadas figura la de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, en sustitución de Lastra. Martín fue una de las fiscales que acudió al juicio contra García Ortiz como gesto de respaldo, lo que subraya el carácter político de esta promoción dentro de la institución.
Teresa Peramato y la purga de críticos en la Fiscalía
El ajuste de cuentas con los críticos del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y el ascenso de sus aliados continúa de manera indisimulada. Teresa Peramato, quien asumió el cargo hace apenas cinco meses, había prometido inicialmente “sanar” las heridas en el Ministerio Público. Sin embargo, sus primeros nombramientos han generado fuertes críticas, con sectores de la carrera fiscal considerando que consolida el núcleo de confianza heredado de García Ortiz.
La no renovación de Almudena Lastra en su puesto de fiscal superior de Madrid resulta especialmente significativa. Lastra aspiraba a renovar el cargo que ocupaba desde hace cinco años. Ella plantó cara a García Ortiz cuando este decidió filtrar datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y actuó como testigo de cargo en el juicio que terminó con la condena del ex fiscal general. Su salida se percibe como una represalia directa.
Ascensos controvertidos en la cúpula fiscal
Paralelamente, la fiscal general Teresa Peramato ha ascendido a Pilar Rodríguez, actual fiscal jefe provincial de Madrid. Rodríguez, quien proporcionó los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso a García Ortiz, ha sido designada como fiscal de la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Este movimiento la sitúa en el mismo órgano donde ejerce ahora el propio García Ortiz, lo que refuerza la percepción de una estrategia para premiar a los leales.
Pilar Rodríguez llegó a estar investigada durante la fase de instrucción por la filtración y posteriormente declaró como testigo en el juicio. Su ascenso a una posición de relevancia en el Tribunal Supremo, tras su papel en el caso de González Amador, evidencia la consolidación de un grupo de fiscales con un marcado alineamiento con la anterior dirección de la Fiscalía. La decisión de Teresa Peramato se alinea con la estrategia de su predecesor.
El polémico legado de García Ortiz y la sentencia del Supremo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo notificó la sentencia contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que encontró culpable por un supuesto delito de revelación de secretos. La condena implicó dos años de inhabilitación de cargo público y el pago de una multa e indemnización económica al querellante. La decisión de los magistrados se adoptó por mayoría, con cinco votos a favor y dos en contra, estos últimos argumentando falta de pruebas.
La sentencia consideró probado que “fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo”. Además, la nota informativa difundida a los medios, que recogía la propuesta de conformidad del abogado de González Amador, se elaboró siguiendo las instrucciones del propio García Ortiz. Este contexto judicial marca la actual ola de nombramientos impulsada por Teresa Peramato.
La fractura institucional se extiende tras las decisiones de Peramato
Casi un año después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara la Ley de Amnistía con seis votos a favor y cuatro en contra, el tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido afronta otra cuestión controvertida. El recurso de amparo del ex fiscal general del Estado contra su condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos está sobre la mesa, y su admisión a trámite ya genera división en la institución.
Fuentes del TC consideran que el recurso ni siquiera debería ser admitido a trámite, al tratarse de un asunto “de legalidad ordinaria” en el que no se puede suplantar al Tribunal Supremo. El Constitucional se enfrenta a una nueva posible fractura interna, evidenciando cómo las decisiones tomadas en la Fiscalía bajo Teresa Peramato repercuten en la estabilidad y la percepción de independencia de las más altas instituciones del Estado.
