Protestas masivas exigen la renuncia de Paz y temen el uso de militares
Cinco semanas de protestas masivas en Bolivia han puesto al Gobierno del presidente Rodrigo Paz en una situación límite. Lo que inicialmente se planteó como una demanda para afrontar la crisis económica, ha evolucionado hasta convertirse en una exigencia generalizada de dimisión del mandatario. La tensión se ha disparado ante la posibilidad de que Paz recurra al uso de militares para sofocar las movilizaciones.
La Administradora Boliviana de Carreteras ha confirmado el cierre de rutas en siete departamentos del país. Esta situación ha generado un grave desabastecimiento de productos esenciales. Sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) son los principales impulsores de las medidas de presión. Mantienen bloqueos de carreteras en Bolivia que han afectado el suministro de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. La ciudad de El Alto se ha consolidado como un bastión de la protesta. Miles de representantes vecinales, sindicales y organizaciones sociales congregados allí rechazaron cualquier posibilidad de diálogo con el Ejecutivo. Reafirmaron su exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Tensión política y derogación de ley
Este escenario de inestabilidad política se agrava con la reciente derogación de la Ley 1341 sobre estados de excepción. La norma, que regulaba el procedimiento, los límites y las consecuencias para el abuso de esta medida, fue eliminada por el Congreso boliviano el pasado 26 de mayo. Esta acción abre la puerta a que el presidente Paz pueda recurrir a medidas más drásticas. El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles para disolver las manifestaciones es una posibilidad real. El Ejército boliviano, una institución tan antigua como la nación, se encuentra en el centro del debate sobre su posible intervención en el conflicto interno.
Alerta internacional y exigencia de investigación
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América del Sur ha expresado su profunda preocupación ante el incremento de la tensión social y los episodios de violencia registrados en Bolivia. El organismo internacional advirtió sobre las severas consecuencias que la crisis está generando en la población. El acceso a derechos esenciales como la salud y la alimentación se ha visto comprometido. La ONU hizo hincapié en la necesidad de que los hechos de violencia sean investigados de manera rápida, independiente, imparcial y transparente. Se recordó además que cualquier actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos.
Panorama incierto para Bolivia
La actualidad de Bolivia se encuentra marcada por esta profunda crisis. La exigencia de renuncia del presidente Paz, los continuos bloqueos de carreteras y la creciente posibilidad de militarización configuran un panorama incierto para el futuro del país sudamericano. Las organizaciones movilizadas, como la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos, mantienen firme su postura. La comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos.
Desde hace cinco semanas, masivas protestas sociales en Bolivia mantienen en jaque al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Los manifestantes, que al principio pedían medidas para enfrentar la crisis económica, ahora exigen la renuncia del mandatario. Los bloqueos de carreteras han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en varias regiones.
En medio de estas protestas, el 26 de mayo de 2026 el Congreso boliviano eliminó una norma que limitaba la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Esto abre la puerta a que Paz saque a los militares a las calles para disolver las manifestaciones. Para entender el alcance de la derogación de la Ley 1341 sobre estados de excepción, es relevante analizar la historia del Ejército boliviano y su papel en el ámbito político. El Ejército de Bolivia es tan antiguo como la nación misma, desde su independencia del Reino de España y nacimiento como República. Fue creado oficialmente en 1826 por el mariscal Antonio José de Sucre, aunque existieron "movimientos emancipatorios previos", destaca el abogado y defensor de derechos humanos Ramiro Orias Arredondo.
