El Gobierno obligó a mantener el distanciamiento social un mes antes del 8M en los centros penitenciarios

Somos ya muchos medios los que advertimos de las irregularidades que ha cometido el Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis del coronavirus, un Gobierno que ha antepuesto su agenda política e ideológica a la salud de los españoles. Sin embargo, pocos medios hemos sido los que hemos realizado estas advertencias desde el primer día.

Como ya avisábamos el 15 de marzo en el artículo “El Gobierno ocultó el peligro del Coronavirus”, el Gobierno conocía a la perfección el peligro del coronavirus mucho antes de permitir los actos del 8M.

Hoy España es Voz trae en exclusiva un documento del Ministerio del Interior en el que se avisa a los directores de centros penitenciarios, con fecha 4 de febrero, del riesgo que tiene el coronavirus y cómo se contagia.

En dicho informe se advierte del modo de contagio del coronavirus por medio de gotas respiratorias de 5 micras, lo que supone a nivel médico un distanciamiento social de al menos 1,5 metros. También se exponen los síntomas (tos, fiebre, malestar general o dificultades respiratorias) y protocolos a seguir para evitar el contagio, como lavarse las manos con frecuencia o cubrirse la boca y nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar.

Sin embargo, en el punto 4 de dicho informe, el Ministerio del Interior, cuyo máximo y último responsable es el señor Grande-Marlaska, recomendaba el uso de una mascarilla FFP2/FFP3 y guantes desechables cuando los trabajadores de estos centros penitenciarios se encontrasen a una distancia superior a un metro. En los casos en los que esta distancia mínima de un metro se tenga que romper, para “proporcionar una primera atención por personal sanitario o cualquier tipo de intervención por personal no sanitario”, el personal penitenciario deberá usar un Equipo de Protección Personal, compuesto por una bata resistente a líquidos, mascarilla, protección ocular anti salpicaduras, guantes y una mascarilla FFP2/FFP3.

Este documento está firmado por Eugenio Arribas López, Subdirector General de Recursos Humanos el día 4 de febrero de 2020, más de un mes antes de la celebración y fomento por parte Gobierno del 8M.

El mismo Gobierno que animaba a salir a la calle para acudir a las multitudinarias manifestaciones del 8M, informaba un mes antes a los directores de centros penitenciarios que debían usar un EPI completo cuando se encontrasen a menos de 1 metro de distancia de un sospechoso infectado con coronavirus.

La maquinaria judicial de Pedro Sánchez está ya en marcha, tratando de desestimar y archivar un caso que sostiene la dignidad de los más de 40.000 fallecidos en España por coronavirus.

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